La Audiencia Provincial de Almería ha señalado para el 17 de febrero del próximo año el juicio contra el exalcalde de Albox Francisco Torrecillas así como contra el concejal de Obras Públicas José Simeón Campoy, para los que la Fiscalía pide siete años de prisión, por el asfaltado de la rambla del municipio para el aparcamiento de vehículos con fondos presuntamente malversados y sin autorización medioambiental de la Junta.
El tribunal ha reubicado la celebración de la vista oral para dentro de nueve meses respecto al pasado 15 de mayo, cuando el juicio tuvo que suspenderse después de que el Torrecillas alegara una baja médica que le dificultaba la movilidad a causa de una accidente por el que sufrió varias fracturas.
En concreto, ambos ediles se enfrentan a dos años de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otros cinco años por un delito de malversación que también se imputa al interventor, como cooperador necesario, puesto que fue quien autorizó el gasto y firmó el contrato que se habría simulado para efectuar la obra «sin formular reparo alguno».
El Ministerio Público también achaca a Torrecillas y Campoy, éste como cooperador, un presunto delito de prevaricación por omisión, por los que solicita su suspensión para cargo o empleo público durante un periodo de 12 años, según el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press. El resto de delitos también llevan aparejados una pena conjunta de inhabilitación por 18 años para ambos acusados; 15 en el caso del interventor.
La Fiscalía sostiene que en julio de 2017 el por entonces alcalde independiente y su concejal de Obras Públicas decidieron de común acuerdo pavimentar el cauce de la Rambla de Albox para facilitar el aparcamiento de vehículos pese a que el espacio forma parte del dominio público hidráulico y que aquella construcción requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La acusación mantiene que el alcalde y actual edil por UCIN en el Consistorio actuó a sabiendas de que dicha obra «no se ajustaba a la legalidad» y de que la Administración andaluza no concedería al Ayuntamiento el permiso, si bien «decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución ni tramitar expediente administrativo» para eludir el trámite ante la Junta.
Para ello, habría contado con la colaboración del concejal, con quién habría procedido a emplear a operarios del Ayuntamiento y de una empresa pública dependiente del mismo para pavimentar un tramo del cauce de la rambla de unos 280 metros de longitud por unos seis de anchura con una capa de hormigón de diez centímetros de espesor.
Para esta primera fase, que fue denunciada por un funcionario de la Junta, se habría abonado con fondos municipales una factura de 8.712 euros a la empresa que suministró el hormigón. Así, en el mes de septiembre del mismo año, ambos acusados procedieron a ampliar el tramo pavimentado, de nuevo, «omitiendo deliberadamente dictar resolución y tramitar expediente administrativo», según la acusación. El 26 de septiembre de 2017 se había pavimentado un tramo de cauce de unos 380 metros de largo por unos 15 metros de anchura, lo que suponía una extensión de 5.800 metros cuadrados.
Para dicha operación, volvieron a contactar con la misma empresa para conseguir el hormigón necesario, si bien el coste superaría los 18.000 euros y, por tanto, superaría el límite de contrato menor conforme la legislación vigente en ese momento. Ante tal situación, la Fiscalía apunta que los representantes públicos habrían decido «disfrazar» la naturaleza del contrato, de modo que el mismo fuera «de obra» y no de «suministro» pese a que la empresa solo iba a facilitar el hormigón ya que la obra la iban a realizar trabajadores municipales.
Bajo dicho plan, se habría ordenado a una funcionaria que redactara el contrato de obra con las circunstancias que debían constar en el mismo. Dicho contrato fue redactado el 19 de septiembre de 2019, esto es, después de que Áridos y Hormigones Pérez Jiménez S.L «presentara ningún presupuesto» ya que lo entregó en el Ayuntamiento dos años antes.
El contrato fue firmado también por el interventor y reflejaba un presupuesto total de 49.948 euros de los que 25.000 correspondían, según el propio contrato, al «hormigonado la Rambla». Este contrato daba lugar, según la Fiscalía, a un suministro «que no se podía tramitar como contrato menor», hecho sin resolución anterior que acordara ni las obras ni los gastos, sin expediente administrativo alguno y en un espacio que no era de titularidad municipal.
A raíz del expediente iniciado por la Junta de Andalucía por las obras en la rambla, el Ayuntamiento abonó una multa de 6.010 euros y ejecutó las obras para reponer el cauce alterado a su estado anterior que conllevaron un coste para las arcas públicas de 24.600 euros. Por todo ello, el fiscal pide que los tres acusados indemnicen al Ayuntamiento de Albox con 57.130 euros, toda vez que para el exalcalde y el responsable de Obras Públicas también se solicita el pago adicional y conjunto de una indemnización al Consistorio de 8.712 euros.
OTRA CAUSA PENDIENTE POR «OBSTACULIZAR» AL PSOE
De otro lado, la Audiencia de Almería tiene pendiente señalar vista oral contra Torrecillas por otra causa en la que la Fiscalía pide dos años y medio de inhabilitación por un presunto delito contra los derechos cívicos al considerar que, con sus actos, habrían tratado de impedir la labor de fiscalización y control del ejercicio de la función pública «de forma eficaz» de la oposición ejercida por el PSOE en el Consistorio.
El fiscal apuntaba en su escrito la acción «reiterada» del alcalde y el interventor, quienes dejaron de «proporcionar la información y documentación» al PSOE sobre asuntos relativos al presupuesto municipal prorrogado en el ejercicio 2017 así como de la ejecución de las obras en el colegio de La Milagrosa, más conocido como ‘El Convento’, de dicha localidad.
La acusación provisional señala que los concejales socialistas Francisco Carrillo y Ángel Francisco Pardo solicitaron «en reiteradas ocasiones» información «relevante» para su labor de oposición y desarrollo de sus funciones como concejales, «frente a las cuales, los acusados, de forma voluntaria e incumpliendo sus obligaciones, no contestaban» o contestaba «con evasivas» sin dar «efectivo cumplimiento» a las peticiones.
En concreto, desde el PSOE se reclamó hasta en cinco ocasiones información sobre la ejecución del presupuesto municipal. Un edil socialista pidió el 12 de marzo de 2018 al interventor que se le informara sobre el estado de ejecución del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento del ejercicio 2017 hasta la fecha, así como la identificación específica de los gastos para obras y proyectos dentro de la partida de inversiones, «sin que obtuviera información alguna».
Del mismo modo, el 24 de julio, el portavoz del grupo socialista presentó otro un escrito para reiterar la petición anterior «ante la falta de contestación». «Sin embargo, tampoco se facilitó la información solicitada», recoge el fiscal. El día 28 de agosto de 2018, y «habiendo transcurrido cinco meses sin recibir la información», el concejal Francisco Carrillo solicitó de nuevo la información al interventor al tiempo que presentó otro escrito dirigido al alcalde en el que le solicitaba que «se dieran los pasos necesarios» para tener acceso al expediente.
Se efectuaron nuevas peticiones en el mismo sentido al alcalde el 25 de septiembre y el 19 de octubre del mismo año. «Pese a todas las peticiones efectuadas, y la celebración de plenos ordinarios y extraordinarios del Ayuntamiento de Albox, los acusados no facilitaron en ningún momento la información», indica el fiscal.
