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El sector hostelero pide que el plan de formación del Gobierno se adapte a las necesidades de empresas y alumnado

La Confederación Empresarial de Hostelería de España valora la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una inversión de 1.300 millones de euros para reforzar la Formación Profesional, y confía en que contribuya «a una formación de calidad, adaptada a las necesidades del sector y que impulse la profesionalización y generación de empleo de calidad en una actividad que da trabajo a 1,7 millones de personas a nivel nacional».

A través de un comunicado, la Federación Hostelería de Andalucía y la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), ambas integradas en la patronal nacional, muestran su apoyo a esta petición y recuerdan que la comunidad es líder en creación y mantenimiento de empleo hostelero en España.

Así, apuntan que en Andalucía hay una media anual de 292.000 trabajadores, según datos oficiales, mientras que la provincia de Málaga representa un 30% de esta cifra con 87.720 empleados.

Ante el anuncio de esta inversión, Hostelería de España, Hostelería de Andalucía y Mahos instan a reforzar la formación dual para todos los autónomos y pymes, especialmente de la hostelería. Además, el sector plantea que se refuerce la inversión en programas de movilidad de alumnos de Formación Profesional entre comunidades autónomas, siguiendo el modelo de Becas Séneca en Estudios Universitarios.

Por otro lado, consideran que se requiere la renovación integral del curriculum formativo de las titulaciones del sector. Asimismo, el sector cree que es fundamental que el plan aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de España contemple un plan especial de convenios de colaboración internacional y de los IES con centros extranjeros.

Por último, Hostelería de España, Hostelería de Andalucía y Mahos apuestan, una vez más, por la tarjeta profesional, documento que recoja un itinerario formativo y profesional que ha seguido el trabajador desde la formación reglada, pasando por la experiencia adquirida y aspectos como la prevención de riesgos laborales, la seguridad alimentaria y otros procesos de formación complementaria que favorezcan su empleabilidad y movilidad funcional y territorial.

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