Foto: Europa Press
El incremento de agresiones, tanto físicas como verbales, al personal sanitario en la provincia de Málaga preocupa al sector. De hecho, el Sindicato Médico de Málaga se ha concentrado en multitud de ocasiones a las puertas de los centros hospitalarios en repulsa por un asunto que parece haberse multiplicado en el último años. Así se desprende de un análisis que ha hecho público este martes, tras el que reclama una serie de medidas y exigencias para aumentar y mejorar la seguridad de los profesionales médicos en sus puestos de trabajo, especialmente ante las agresiones.
Entre ellas, urgen a la implantación de la figura del vigilante de seguridad en todos los centros asistenciales, «al igual que en cualquier oficina de la Administración pública», y piden empezar por los centros con puntos de urgencias 24 horas, centros con mayor incidencia de agresiones, y centros que atienden zonas con necesidad de transformación social. Además, exigen aumentar el sistema de cámaras de videovigilancia, extendiéndolo a todos los centros sanitarios y con ubicación también en salas de espera, no sólo vigilando la entrada del centro de salud.
También piden habilitar en todas las consultas una vía de escape «rápida y eficaz» y permitir en el programa Diraya un icono o una señal de alarma, que sirva como advertencia a los profesionales si el paciente es agresor, «dado que en algunos casos son reincidentes».
Estas medidas son «básicas» para el Sindicato Médico de Málaga y las sustentan en un análisis que ha dado como resultado que solo un tercio de los centros de salud y consultorios de Málaga cuentan con vigilantes de seguridad, ninguno en Guadalhorce y Serranía. Tampoco hay en los centros de Alameda-Perchel, El Cónsul y Carlinda, centros que atienden a zonas con necesidad de transformación social.
En cuanto a las cámaras de videovigilancia, aseguran que hay en la mitad de los centros asistenciales de Málaga y Axarquía, seis en Costa del Sol, un tercio de los centros del Guadalhorce, la sexta parte de los centros de Antequera, y en solo un centro de Serranía. Estas solo sirven para controlar el acceso a los mismos.
La mayoría de los centros de la zona básica de salud de Málaga y Guadalhorce no tienen las consultas comunicadas para ser una vía de escape para los profesionales. Solo las tienen la mitad de los centros de la Axarquía y el 60% aproximadamente de los centros de la Serranía. En Antequera, solo en los centros de mayor tamaño, según datos del SMM.
Para el sindicato médico, la medida fundamental en los centros de Málaga capital es el timbre, y «más de la mitad en los centros de la Axarquía, menos de la mitad en Guadalhorce, y prácticamente ausente esta medida en Serranía, Costa del Sol y Antequera».
«Permanecer en esta situación de desprotección de los trabajadores es inaceptable. No se puede tolerar la pasividad de la Administración frente a las agresiones físicas y psicológicas que sufren los profesionales de los centros sanitarios», han criticado desde el sindicato, reclamando una apuesta «real» por la prevención de riesgos laborales y en concreto frente a las agresiones, con «presupuesto».
Para hacer frente a ello, otras de las medidas que plantean es crear la figura del responsable de Seguridad en hospitales y distritos, incluir una memoria económica de las inversiones a realizar de cara a la prevención de estas situaciones y exigir a los cargos intermedios formación en el plan de prevención.
El SMM recuerda que se deben «comunicar a la UPRL todas las agresiones que se produzcan, de la naturaleza que sean, y rellenar siempre el CATI», así como facilitar el sistema de comunicación de dichas agresiones. También consideran necesaria la personación de la Administración como acusación de oficio.
Solicitan, además, que se desarrolle la normativa mediante la cual la Administración sanitaria proponga al órgano competente el establecimiento de un «régimen sancionador para los agresores, usuarios del SSPA, con sanciones económicas proporcionadas al daño causado». Por último, reclaman un proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el que se haga una «equiparación del personal facultativo a jueces y policías como agentes de la autoridad a efectos de condenas por agresiones».
NÚMERO DE AGRESIONES
En lo que va de año 2023, el Sindicato Médico de Málaga tiene constancia ya de «once agresiones sólo a médicos en la provincia, varias de ellas por parte de usuarios reincidentes»; a las que habrá que sumar las que todavía no se han comunicado. Esto, para el SMM, demuestra que el plan de prevención frente a las agresiones a profesionales sanitarios del SSPA «es un absoluto fracaso».
Actualmente, en los análisis de agresiones se hace una distinción entre agresiones físicas y no físicas, lo que consideran un error y defienden que ambas son por sí mismas agresiones. Y es que el acoso, la intimidación, la humillación y las amenazas son un tipo de violencia psicológica, que puede ser la antesala de la agresión física, advierten.
A modo de resumen, los datos obtenidos del sindicato en las Áreas de gestión sanitaria-hospitales y distritos sanitarios de Málaga arrojan que en 2020 y 2021 las agresiones registradas a sanitarios fueron muy similares: 185 y 187. Pero de 2021 a 2022 se incrementaron en un 43,3%, llegando hasta las 268 agresiones. En esos años el mayor número de casos se dan en la capital, en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, seguido del Hospital Regional y el Distrito Sanitario Málaga.
Estos incrementos suponen una variación del 271% en el caso de la Axarquía, el 68.29% en el Distrito Sanitario Málaga, el 50% en Costa del Sol, el 37% en Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el 11,36% en Hospital Regional y el 10% en la Serranía. Sólo han descendido en el Área Norte, apuntan.
Asimismo, y tras realizar una encuesta a 854 profesionales sanitarios, tan solo el 8% de los médicos que contestaron indicaron que se sienten seguros en sus puestos de trabajo. El 58% creen que su entorno percibe inseguridad y el 25% se sienten muy inseguros.
«Por todo ello, recordamos la noticia que publicó la Consejería en su página web en la que afirmaba que ‘El Plan ha venido a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios’. Decir eso es querer blanquear la evolución de las agresiones a profesionales en el SAS», concluyen.
