La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua-A) ha manifestado su «absoluto rechazo» a la orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Según ha manifestado la federación en una nota de prensa, la «polémica» orden sale adelante «sin atender» a las aportaciones y críticas de la oposición, los sindicatos sanitarios y los agentes sociales, y «abre la puerta» a concertar la atención primaria con la sanidad privada, «fijando por primera vez un precio para consultas con el médico de familia».
La orden de la Consejería de Salud y Consumo tiene por objeto la tarificación de los convenios y conciertos que suscriba el SAS con entidades tanto públicas como privadas para la prestación de la asistencia sanitaria e incluye los servicios de atención primaria. El gobierno de Juanma Moreno «ha mantenido intactos» los puntos más controvertidos del borrador que trascendió el pasado verano, y sobre el que Facua-A realizó una serie de aportaciones para salvaguardar las garantías de la ciudadanía y su acceso a una sanidad pública de calidad, ha señalado.
Asimismo, Facua ha afirmado que este documento incluye que la Consejería de Salud podrá «determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan».
Por otra parte, Facua ha recordado que el pasado mes de agosto elevaron a la Consejería de Salud una serie de aportaciones al proyecto de orden, «alertando de que se está incrementando progresivamente el número de convenios y conciertos con empresas privadas para que presten los servicios sanitarios que son competencias del servicio público».
Ante esta situación, la federación mostró su preocupación ante una práctica que «suple con entidades privadas la atención que debe prestar a los ciudadanos a través de convenios y conciertos», lo que supone «una privatización encubierta de la sanidad pública y una pérdida de calidad en la atención».
Concretamente, la propuesta de Facua-A pasa por solicitar al Gobierno andaluz inversiones para la contratación de personal y la adquisición de medios con los que garantizar una asistencia sanitaria de calidad en el sistema público de la sanidad andaluza, algo que «supondría a medio y corto plazo un ahorro para la economía de la comunidad autónoma, además de preservar la viabilidad de las prestaciones». Además, «es obligación de la Administración Pública contar con los recursos materiales y humanos necesarios, así como la organización eficaz de los mismos para garantizar la protección de este derecho», ha puntualizado la federación.
RECORTE DE PRESTACIONES
Facua-A asegura que la publicación de la orden «sin consenso» con los agentes sociales va en detrimento de la participación ciudadana en la elaboración de normas que afectan de manera directa a los colectivos que representan. Teniendo en cuenta que las prestaciones del sistema público de salud andaluza «se han venido reduciendo en su calidad en los últimos años, es una clara muestra de la apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad privada para beneficiar a empresas del sector de la salud».
Esto supone, según la federación, «un claro incumplimiento» del compromiso adquirido por el recientemente reelegido presidente de la Junta de Andalucía, quien tanto en su campaña electoral como en sus intervenciones ante el Parlamento andaluz en el debate de su investidura manifestó un «firme compromiso» en mejorar la calidad del sistema sanitario público andaluz.
Por último, Facua-A considera que no es casual que mientras se apuesta por realizar convenios y concertar servicios sanitarios, haciendo una transferencia de presupuesto público al sector privado en materia sanitaria, «se empiecen a recortar las prestaciones sanitarias que hasta el momento disfrutan los usuarios, al mismo tiempo que se incrementan de forma extraordinaria los recursos económicos que se destinan a las empresas sanitarias privadas».
