La Fiscalía de Málaga y las defensas de los acusados de formar parte de una red, supuestamente liderada por un exfutbolista malagueño y que se dedicaría al tráfico de droga a nivel europeo, están estudiando y negociando un posible acuerdo de conformidad en esta causa.
Así lo han puesto de manifiesto en la sesión del juicio celebrada este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia malagueña, en la que se ha informado de que se retomará la vista oral el próximo 2 de mayo, como estaba previsto, para ver si se cierra la conformidad.
Ese día se determinará si el juicio se celebra sin una conformidad o con un acuerdo entre las partes, que supondría lo primero un reconocimiento de los hechos por parte de los acusados y después con una rebaja de la petición de pena por parte de la Fiscalía, como ocurre en todas las negociaciones de este tipo, han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
La Fiscalía de Málaga acusa a 18 personas, aunque en la sesión de este lunes una de las procesadas no ha comparecido. Al respecto, la acusación pública ha solicitado que se declare la busca y captura de esta mujer para su puesta a disposición del tribunal.
Su defensa no se ha opuesto porque ha señalado que los últimos contactos con la clienta han sido a través de la Embajada de Países Bajos en Madrid, ya que esta estaba en la indigencia en albergues de la capital, pero que ahora se desconoce su paradero.
Gracias a las investigaciones realizadas por la Guardia Civil se pudo identificar a presuntos miembros de dicha organización, que se dedicaría a comprar grandes cantidades de drogas, sobre todo marihuana, que luego envasaban y trasladaban a otros países europeos.
El exfutbolista Sergio C.P., alias ‘Koke’, supuestamente era el que «asumía la dirección de las operaciones dando las instrucciones necesarias de qué cantidades comprar, a qué precio y dónde llevarlas», dice el escrito provisional del fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.
Junto a este procesado, según las conclusiones iniciales del ministerio público, otro acusado «desempeñaba igualmente una posición relevante», ya que, al parecer, este sería el «encargado de dar soporte financiero de importantes cantidades económicas» al grupo a través de un tercer acusado.
Asimismo, para el fiscal, también formaban parte de la organización otros acusados que serán juzgados, entre ellos la novia del exjugador, quien supuestamente se hacía cargo del pago y cobro a proveedores e intermediaba en las operaciones; y el hermano de este, que realizaría labores de transporte y envasado de las sustancias estupefacientes.
Para la Fiscalía, el resto de acusados tenían otras funciones como realizar el etiquetado, proporcionar la marihuana, llevar a cabo las labores de vigilancia o custodia o eran los encargados de alquilar los vehículos para el transporte de la mercancía, según las investigaciones realizadas por la Unidad de Antidrogas de la Guardia Civil.
Según la acusación pública, para llevar a cabo esta actividad, la red «contaba con una elevada capacidad económica y estructura logística que le permitía obtener grandes cantidades de sustancias estupefacientes, disponer de viviendas donde envasar al vacío y preparar la droga para su posterior transporte».
Asimismo, en cada operación alquilaban vehículos distintos «para dificultar una eventual investigación». A raíz de las intervenciones telefónicas realizadas, señala el ministerio fiscal, los investigadores tuvieron conocimiento de que el supuesto responsable de la red estaría organizando en octubre de 2019 un transporte de droga oculta en un cargamento de ajos.
A pesar de que se interceptó este transporte, la organización continuó y preparó otro para noviembre de ese mismo año, dice el fiscal, de forma que habrían comprado partidas de droga en distintas localidades que luego supuestamente almacenaban en la vivienda de dos de los acusados.
Según la acusación, los investigadores conocieron los movimientos de varios de los acusados por los dispositivos de geolocalización instalados en vehículos, de forma que se volvió a interceptar este cargamento; aunque, dice el fiscal, la red supuestamente volvió a preparar otro en días posteriores.
Se practicaron numerosos registros domiciliarios, entre ellos el apartamento del exfutbolista y su pareja en Estepona (Málaga), donde los agentes se incautaron de diversas cantidades de dinero. En otros inmuebles, localizaron, además, distintos tipos de droga y útiles para pesarla.
El fiscal acusa al exfutbolista y a su pareja por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia en el seno de una organización criminal, solicitando 16 años de prisión y multa de 15 millones de euros para el primero. Para el resto de acusados también pide cárcel por este mismo delito y a algunos les suma el de tenencia ilícita de armas.
