La Audiencia Nacional (AN) juzgará desde este martes a 13 personas acusadas de integrar la trama Alvarado, que adquiría gasóleo B —con una fiscalidad reducida por sus condiciones de uso— y lo transformaba y comercializaba después como gasóleo de uso general.
Fiscalía pide hasta 36 años y medio de cárcel para los cabecillas de la ‘trama Alvarado’
La Fiscalía imputa a los principales investigados delitos de pertenencia a organización criminal y hasta nueve delitos contra la Hacienda Pública, solicitando penas de hasta 36 años y medio de cárcel.
El escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, indica que los acusados, «actuando de común acuerdo y de manera coordinada, formaban parte de un grupo que operaba mediante un complejo entramado empresarial de personas físicas y jurídicas interconectadas desde el año 2009 en gran parte del territorio nacional».
El grupo, denominado por los investigadores como ‘trama Alvarado’, tenía como uno de sus cabecillas a José Alvarado Martín, quien dirigía «una de las células más activas». Alvarado contaba con seis colaboradores directos, mientras que el resto de los imputados eran empleados.
LA OPERATIVA
Según el escrito del fiscal, la ‘trama Alvarado’ obtenía gasóleo B gracias a la administradora de la sociedad Petrovelez –no enjuiciada– que «desviaba desde su propio almacén fiscal el gasóleo B, que compraba sin factura, a los establecimientos de distribución de hidrocarburos Garaje La Hoya y Combustibles La Hita».
Desde un centro clandestino de transformación de hidrocarburos en Pinos Puente (Granada), el gasóleo era transportado a las gasolineras de José Alvarado «para su venta como gasóleo de automoción». En este transporte participaban varios investigados, quienes eran chóferes de la empresa Carburantes Ecosol.
El encargado de la recepción y transformación del gasóleo B en Pinos Puente para eliminar su trazabilidad era Javier Alvarado Martín, hermano del cabecilla.
Según el escrito de acusación, el carburante transformado se vendía no solo en las gasolineras propiedad de Alvarado, sino también en otras estaciones que eran «clientes habituales» y que pagaban en efectivo.
EL FRAUDE
El fiscal explica que el beneficio del fraude para los encausados residía en que el gasóleo B, que soportaba tipos reducidos, «se vendía como si fuera gasóleo A, que debería haber soportado los tipos generales».
«El precio sin impuestos de ambas clases de gasóleo es similar, existiendo diferencia únicamente en la carga impositiva soportada en cada caso. De esta diferencia se apropiaba la organización de Alvarado, es decir, la diferencia entre el precio de compra del gasóleo B y el precio de venta del gasóleo desviado, lavado y transformado en gasóleo A», aclara el fiscal.
El Ministerio Público cuantifica las cuotas defraudadas en impuestos especiales entre 2012 y 2014 en casi 2,3 millones de euros; el fraude en el IVA en casi 2 millones de euros; y el fraude en el impuesto de sociedades en 677.000 euros.
