La abogacía andaluza reclama «más apoyo institucional» para la asistencia jurídica a los migrantes. La abogacía andaluza ha reclamado «más apoyo institucional» para la asistencia jurídica a los migrantes y lo ha hecho en el marco del I Encuentro Andaluz de Extranjería y Protección Internacional celebrado en Almería hasta este viernes. El objetivo de esta cita es profundizar en las últimas novedades de esta rama jurídica, debatir sobre los principales «problemas y obstáculos» del colectivo profesional y compartir conocimientos entre los profesionales de toda la comunidad.
«Estos encuentros sirven para comentar experiencias y aunar buenas prácticas entre compañeros para tener una preparación y formación mejor y unificada, que es uno de los objetivos del Cadeca, más en un tema tan sensible como la Extranjería y Protección Internacional, donde, en muchos casos, lo que está en juego es la vida de las personas», ha explicado José Carlos Arias, miembro del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), en una nota.
Por su parte, el consejero del Cadeca y decano del Colegio anfitrión, Juan Luis Aynat, ha destacado que «Almería es el epicentro del fenómeno migratorio tanto por el número de personas que se asisten como por el número de expedientes que desencadena esa asistencia». No obstante, en la búsqueda de fórmulas jurídicas para afrontar las necesidades de los migrantes, la abogacía andaluza ha reclamado «una mayor implicación de las administraciones públicas que pase por dotar de más recursos materiales y humanos a la atención de estas personas y, en especial, al sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, al que están adscritos cerca de 2.000 letrados en Andalucía».
La abogacía andaluza reclama «más apoyo institucional» para la asistencia jurídica a los migrantes
«El papel de la abogacía es ayudar a estas personas, pero hay que tener herramientas suficientes para poder utilizarlas en defensa de su dignidad», ha reivindicado Arias, citando el eslogan del encuentro, ‘Uniendo fronteras, protegiendo derechos’. En este contexto, José Carlos Arias ha demandado que «dado que España es considerada la puerta de Europa en materia de movimientos migratorios, Europa debería contribuir al pago de las asistencias jurídicas que se hacen a estas personas y no dejar que asuman esta carga sólo los países o regiones de entrada».
Al hilo de lo anterior, la vocal de la Subcomisión de Extranjería del Cadeca y de la del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Rosa Durán, ha señalado que «el colectivo valora de forma positiva la regularización extraordinaria que ha comenzado a tramitarse en el Congreso como Iniciativa Legislativa Popular, sin perjuicio de las posibles aportaciones que pueda plantear la abogacía una vez que avance su desarrollo». En concreto, esta propuesta «permitirá dotar de amparo jurídico a personas muy vulnerables siempre que cumplan una serie de requisitos como el empadronamiento o residencia previo durante un periodo de tiempo», según ha explicado Durán.
La inauguración del foro jurídico ha arrancado con el reconocimiento al personal de Salvamento Marítimo, quienes son, en palabras de Aynat, «los que se mojan los pies, el primer contacto físico y visual de los inmigrantes». Una distinción recogida por José Antonio Morata y Manuel Capa.
El programa científico ha comenzado con una mesa redonda sobre llegadas marítimas y Protección Internacional. En este contexto, el Cadeca ha recordado que durante 2023, 9.800 extranjeros llegaron a Andalucía de forma irregular y se registraron un total de 25.948 solicitudes de Protección Internacional en la comunidad. Así, el letrado Francisco Morenilla y la adjunta senior de protección de la Oficina de Acnur España, María Valles, han analizado las complejidades legales y humanitarias de la migración por mar y el otorgamiento de asilo, buscando soluciones efectivas y humanitarias.
La primera jornada ha continuado profundizando en el procedimiento sancionador en materia de Extranjería, de la mano del vocal de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Marcelo Belgrano Ledesma. Tras ello, ha tenido lugar otra mesa de debate en la que se han abordado las principales cuestiones sobre el proceso de arraigo, una figura que, a cierre de 2023, contaba con 27.533 autorizaciones iniciales vigentes en Andalucía y un tiempo medio de irregularidad para la autorización de 2,6 años.
En este sentido, el jefe provincial del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de Granada, Juan Manuel Puerta Vílchez, y la letrada granadina Ana Torres Rodríguez, han analizado los criterios interpretativos para la solicitud del arraigo y los obstáculos para su concesión.
Durante este viernes, el encuentro ha incidido en la obtención de la nacionalidad española a través de Ley de Memoria Democrática. En concreto, el abogado de Cádiz Alejandro Peña Pérez ha desgranado a los asistentes las cuestiones prácticas que contempla la Ley 20/2022, de 19 de octubre, para adquirir la nacionalidad española.
