La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en la reunión de su Comisión Ejecutiva celebrada el pasado martes, ha vuelto a mostrar su «enorme preocupación» por «los efectos perjudiciales que el fenómeno de la despoblación está ocasionando en parte del territorio de Andalucía».
La FAMP ha acordado solicitar una reunión urgente al presidente ejecutivo de Unicaja, Manuel Azuaga, «ante el cierre de once oficinas previsto para esta misma semana en localidades de la provincia de Málaga».
El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado este viernes que «hacer frente al Reto Demográfico exige iniciativas concretas en diferentes ámbitos educativos, sanitarios y sociales; el fomento de oportunidades laborales y el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos y privados».
Al respecto, la Federación ha querido poner de manifiesto «el papel fundamental que juegan en esta materia los servicios financieros, que en los últimos tiempos se están viendo reducidos de forma drástica».
Un informe elaborado por la FAMP ha constatado que en España se han cerrado entre 2008 y 2016 un total de 17.000 oficinas bancarias en España, situación de la que no ha estado exenta Andalucía, en la que se habían cerrado hasta 2016 más de 300 oficinas, a las que habría que añadir las cerradas desde ese momento y hasta la fecha.
El ajuste realizado ha supuesto una merma considerable en la accesibilidad de la población a los servicios financieros, especialmente en los municipios pequeños y de interior.
«La situación actual es que en numerosos municipios de Andalucía no hay ninguna oficina bancaria abierta y tampoco existe cajero automático, obligando a miles de ciudadanos a tener que desplazarse a otros municipios más grandes para una operación tan sencilla como es sacar dinero en efectivo», ha subrayado Villalobos.
En la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FAMP, la alcaldesa de Benaoján (Málaga), Soraya García, ha puesto de manifiesto «la situación que se está viviendo en estos momentos en la provincia de Málaga, en la que la entidad Unicaja tiene previsto cerrar once oficinas esta misma semana».
García ha incidido en que «el cierre de estas oficinas de Unicaja va a dejar sin un servicio indispensable a los vecinos y vecinas de estas poblaciones, generando un problema añadido que amenaza la supervivencia del mundo rural. La exclusión financiera profundizará aún más en el fenómeno de la despoblación que viven zonas de nuestra provincia como la Serranía de Ronda».
Además, la alcaldesa ha alertado de «la desprotección» que esta problemática supone especialmente para el colectivo de personas mayores «que en la mayoría de los casos tienen pocas habilidades tecnológicas y que ven la banca digital como un muro difícil de superar».
Por otro lado, también ha criticado «la actitud» de Unicaja y ha recordado que «todos los españoles y españolas contribuimos durante la crisis económica al rescate de las entidades financieras con más de 60.000 millones de euros de dinero público y, ahora, en otro momento especialmente difícil para la ciudadanía no estamos siendo correspondidos por las entidades financieras en general y por Unicaja en particular».
Han recordado desde la FAMP que el cierre de oficinas previsto por Unicaja ha motivado la recogida de firmas y la movilización de ciudadanos y responsables públicos «que, de momento, no han conseguido paralizar el cierre de sucursales planificado y que no se había comunicado previamente a las poblaciones y clientes afectados».
En vista de la situación creada, la Comisión Ejecutiva ha acordado que el presidente de la FAMP solicite una reunión urgente, que ya ha sido solicitada, con Azuaga «a fin de poder analizar la problemática existente y con el objetivo de aportar soluciones que no empeoren la situación actual».
