La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha explicado este jueves en el Parlamento andaluz el desarrollo del programa de ayudas al inicio de actividad de los autónomos, unos incentivos de entre 3.800 y los 5.500 euros que han beneficiado a más de 14.000 trabajadores por cuenta propia, con más de 68,3 millones de euros de gasto público desde 2019.
Rocío Blanco también ha expuesto la actual convocatoria de ayudas que se aprobó en agosto, y que mantendrá el plazo abierto para las solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2024, con una previsión de llegar a 16.600 autónomos y un presupuesto de 66,8 millones de euros.
Durante una respuesta parlamentaria, Rocío Blanco ha puesto en valor que Andalucía mantenga su liderato como comunidad autónoma con mayor número de autónomos desde mayo de 2021, con 569.273 afiliados al Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) en el cierre de agosto, y que desde finales de 2018, el número de trabajadores por cuenta propia andaluces haya crecido un 7,8%, más del triple de lo que ha hecho el conjunto de la economía española (2,4%).
En este sentido, la consejera ha asegurado que esta positiva evolución ha sido posible por el fortalecimiento de las ayudas dirigidas al colectivo, como la ampliación de la tarifa estatal cuyo presupuesto se ha ido agotando anualmente y ha beneficiado a cerca de 61.000 personas desde su puesta en marcha en 2019, con 73,88 millones de euros de presupuesto ejecutado.
Para continuar con este apoyo al colectivo, Rocío Blanco ha recordado que el pasado mes de julio se publicó la nueva Orden de las nuevas bases reguladoras para el fomento del trabajo autónomo, que reúne dos líneas de ayudas, la citada de inicio de actividad y la nueva ‘cuota cero’.
Con respecto a esta última medida, la consejera ha detallado que consiste en una subvención para financiar la cuota de la Seguridad Social a los nuevos autónomos que estén acogidos a la tarifa plana estatal, y que se podrá solicitar a partir de principios del próximo año, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.
En cuanto a las ayudas al inicio de actividad, destinada a los beneficiarios de la tarifa plana estatal que mantengan de forma ininterrumpida su condición de autónomo durante doce meses desde la solicitud, Rocío Blanco ha especificado que estos incentivos priorizan a las mujeres, jóvenes y emprendedores que inicien su de pequeños municipios con el fin de mitigar el fenómeno de la despoblación de las zonas rurales.
CUANTÍAS
Concretamente, las cuantías oscilan entre los 3.800 euros para los hombres de 30 o más años y las mujeres de 35 o más años, y se elevan a los 5.000 euros si desarrollan su actividad en un municipio de menos de 10.000 habitantes. Alcanzan los 5.000 euros para hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35 años, y se incrementarán hasta los 5.500 euros para estos colectivos si ejercen su actividad en pequeños municipios.
La consejera ha destacado el esfuerzo presupuestario que se está realizando en cuanto a la ayuda al inicio de actividad, que se ha elevado hasta los 66,8 millones de euros con cargo a recursos propios y del Fondo Social Europeo plus del nuevo marco 2021-2027. En concreto, para 2023 se destinan 35,2 millones de euros, un 4,2% más que en 2022 y cerca de seis veces más que en 2018, donde tan sólo se destinaron 5,89 millones.
REQUISITOS
Para la concesión de estas ayudas, los autónomos deben estar dados de alta en el RETA a la fecha de presentación de la solicitud, y desarrollar su actividad en Andalucía. También deberán ser beneficiarios de la cuota estatal reducida de 80 euros al mes y contar con un plan de viabilidad de la actividad proyectada, cuya cuenta de resultados provisional deberá tener un resultado antes de impuesto positivo, con el fin de conocer la viabilidad económica del proyecto.
La convocatoria se abrió el pasado 1 de agosto y finaliza el 30 de septiembre de 2024, y los incentivos pueden solicitarse, con carácter general, en el plazo de dos meses desde el alta en el RETA, lo cual supone una mejora respecto a las anteriores ayudas, que establecían plazos más breves de presentación de las solicitudes.
