La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, se reúne este viernes 26 de marzo en Córdoba con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para abordar asuntos de política social, con especial hincapié en la financiación del sistema público de la dependencia y el nuevo criterio de reparto de alimentos básicos a través de las tarjetas monedero. La Junta de Andalucía se reúne para abordar la dependencia y el reparto de alimentos
El encuentro se desarrollará en Córdoba, según han afirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige López, y es el primero que se produce entre ambos responsables públicos tras cancelar el pasado 13 de marzo una reunión prevista por motivos personales del ministro.
La cita responde a la carta remitida por la propia consejera al ministro el pasado mes de diciembre ante el cambio de criterio en el reparto de alimentos básicos ya que el modelo fijado por el Gobierno a través de las tarjetas monedero «limita su acceso a familias con menores a cargo en situación de vulnerabilidad», «excluyendo así a 280.000 andaluces pertenecientes a otros colectivos como personas mayores con pensiones bajas, personas sin hogar, migrantes, parados de laga duración o familias con hijos mayores de 18 años».
Asimismo, la titular de Inclusión Social trasladará al ministro la «necesidad imperiosa» de poner solución que ocho de cada diez municipios andaluces no cuentan con un supermercado donde poder usar la tarjeta monedero, estando disponible en 319 tiendas en toda la comunidad, una cifra «claramente insuficiente».
La financiación del sistema público de dependencia será otro de los asuntos que se tratarán en la reunión dado la importancia del sistema andaluz, el mayor de toda España, y que se encuentra «infrafinanciado». Por ello, la consejera abordará con el ministro la situación del mismo y la necesidad de que el Ejecutivo central aporte el 50% que le corresponde por ley para el mantenimiento del sistema.
Además, desde la Junta han aseverado que el aumento de fondos del Gobierno para la dependencia «ha estado supeditado a asumir más obligaciones», por lo que «se ha agravado aún más las diferencias de financiación».
