La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo (PP), ha defendido este miércoles en el Parlamento la regulación «valiente» que, en su opinión, ha impulsado su departamento en relación al sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) mediante un decreto ley que grupos de la oposición han coincidido en criticar que se encuentra «oculto» y «nadie conoce» aún.
La titular andaluza de Fomento ha comparecido en el Pleno del Parlamento para abordar dicha regulación del sector de los VTC recogida en un decreto ley aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
La consejera ha comenzado lamentando la «inacción» y la «cobardía» del Gobierno de España para no impulsar una «regulación estatal» como le había solicitado la Junta, y que con ello se puedan poner en marcha «17 modelos» –tantos como comunidades autónomas– que «pueden ser diferentes» y arrojar una «inseguridad jurídica sin precedentes».
En todo caso, ha defendido que su departamento ha promovido una regulación del sector de los VTC «valiente» para que el usuario, en el que está «centrada», tenga «el mejor servicio», así como ha reiterado que «en ningún momento daña al sector del taxi», sino «todo lo contrario».
Ha reconocido que la Junta no ha aceptado la reclamación del colectivo de taxistas en relación a la «precontratación por tiempo» de los VTC, pero ha subrayado al respecto que ésta «no se ha implementado en ningún país del mundo tras la experiencia francesa», y que Cataluña sí la puso en marcha y eso «dio lugar a que Uber abandonara» dicha comunidad y «una importante reclamación patrimonial» a la referida administración autonómica que «aún no está resuelta».
La titular andaluza de Fomento ha insistido en señalar que el decreto aprobado este martes busca «garantizar la armonía, la convivencia entre taxis y VTC», y ha aludido de nuevo a los ayuntamientos como «piezas esenciales» para el desarrollo de la normativa, ante los que ha reivindicado la «colaboración institucional», así como les ha animado a «firmar los convenios de colaboración» que les ofrece su consejería «para formar a su Policía Local en materia de inspección» de transporte.
Marifrán Carazo ha concluido subrayando que su consejería «ha trabajado duro, ha escuchado al sector del taxi», con el que «ha consensuado» medidas que «se habían solicitado desde hace demasiados años», y ha trasladado su «compromiso de seguir caminando y trabajando juntos», ofreciendo así «examen y trabajo continuo en el marco de las mesas» que ha ofrecido «de seguimiento del decreto», y «dispuestos a introducir nuevas medidas y a trabajar en su desarrollo reglamentario».
EL PSOE-A AFEA «SOBERBIA Y DESLEALTAD» A LA CONSEJERA
En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Isabel Ambrosio ha comenzado lamentando que aún no han sido «capaces» en su grupo de «encontrar el texto del decreto». «A eso se le llama transparencia», ha comentado criticando a la consejera, cuya gestión en este asunto «está muy lejos de generar confianza», según ha opinado antes de indicar que «ahora se entiende» que desde el PP-A «no colocaran este tema en la precampaña electoral» de los comicios del 19 de junio.
«No podían», ha remachado la diputada socialista, que ha espetado a Carazo que «dialogar no es informar», y a la que ha reprochado que «no ha conseguido el acuerdo, pero sí tener a todo el sector del taxi frente a un gobierno y a un presidente» como Juanma Moreno, algo que «no había ocurrido nunca en la historia de la autonomía», según ha puesto de relieve antes de criticar también el «trato» de la Consejería dispensado a los ayuntamientos en este asunto, pese a que «tienen competencia en materia de movilidad», y de concluir acusando a Carazo de haber demostrado en este proceso «soberbia política, deslealtad institucional e insolvencia o mala fe».
El diputado de Vox Ricardo López ha comenzado pidiendo a la Junta que hagan llegar a su grupo el texto del decreto, que «no se conoce» y del que han tenido información «por la prensa», y en todo caso se ha declarado «convencido» de que «no va a resolver ningún conflicto». Según ha abundado, el Gobierno andaluz ha aprobado «in extremis» este decreto para «salvar la situación» que ha dejado a las comunidades autónomas el Gobierno de España con el conocido como «decreto Ábalos», con el que el Ejecutivo socialista «lo que hizo fue lavarse las manos» y echar a las regiones «el problema» favoreciendo «17 regímenes jurídicos diferentes», según ha criticado.
En representación del grupo Por Andalucía, su portavoz adjunta, Esperanza Gómez, ha comenzado criticando también que «nadie conoce» el texto del decreto que ha centrado esta comparecencia, que permanece así «secreto» pese a haberse aprobado ya en el Consejo de Gobierno, y que la diputada «juraría que no va a ser tal como ha dicho» la consejera de Fomento. De igual modo, ha reivindicado el «servicio público» del sector del taxi, que «afecta a más de 8.000 familias en Andalucía», que «no ha sido escuchado» y que, «en lo peor de la pandemia», estuvo «llevando a sanitarios y enfermos sin mascarillas» mientras los VTC «desaparecieron de nuestras ciudades», según ha puesto de relieve.
Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha comenzado indicando que a la consejera de Fomento «no le llega la camisa al cuello» en el Pleno de este miércoles, y ha criticado que el decreto que ha aprobado la Junta «viene a enquistar» el «conflicto» entre los taxis y los VTC, y a «generar conflictos nuevos». De igual modo, ha acusado al Gobierno andaluz de optar en esta materia por «tres multinacionales con sedes en paraísos fiscales» y que son «empresas depredadoras» –en referencia a las que gestionan los VTC–, en vez de por «las 10.000 familias» vinculadas en Andalucía al sector del taxi.
Frente a estas críticas, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha dado la «enhorabuena» a la consejera «por la mano que ha tenido en este conflicto complicado, enquistado desde hace tiempo y generado por la inacción de otros», siendo además «justo con los usuarios», y promoviendo una regulación que, «aunque no sea plenamente satisfactoria para todos los colectivos, ha empezado a hacer algo de justicia con el sector del taxi», según ha opinado.
