La Junta subraya exclusión de 280.000 andaluces con tarjetas monedero y oposición de izquierda ve confrontación política. La discrepancia sobre el cambio del modelo del programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria se ha escenificado este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía.
La Junta de Andalucía ha recriminado al Gobierno que con el nuevo modelo de tarjetas monedero que impulsa se excluyen a 280.000 andaluces sobre los beneficiarios actuales de la prestación, como ha puesto de manifiesto la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, al esgrimir que quedan fuera del programa las familias sin menores a su cargo y ha pedido un modelo dual: la convivencia de un programa de reparto de alimentos con esas tarjetas monedero.
La Junta subraya exclusión de 280.000 andaluces con tarjetas monedero y oposición de izquierda ve confrontación política
La oposición de izquierdas, representada en el debate con la participación de los grupos Socialista y Por Andalucía, ha considerado que se trata de «confrontación política con el Gobierno de Pedro Sánchez», como ha dicho el parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo, quien ha reclamado «no usar de forma partidista la pobreza» y en cambio ha pedido a la Junta que «practique la lealtad institucional», mientras que el diputado del Grupo Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha coincidido en apreciar «un arma arrojadiza contra el Gobierno».
López ha asegurado que en estos momentos «no se ha entregado una tarjeta monedero en toda España» después de poner de manifiesto que el Gobierno anunció en primer lugar que esas tarjetas monedero se repartirían en abril para aplazarse entonces a este mes de mayo.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Depencia aprobó el 15 de diciembre de 2021 la concentración en único programa de lucha contra la privación material, incluido dentro del Fondo Social Europeo+.
Se pasó entonces del Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD) al FSE+. La dotación del programa seguía siendo la misma, 563 millones de euros, para el periodo 2021-2027 que la destinada entre 2014-2020.
En ese Consejo Territorial, según el acta publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 8 de junio de 2022, la dotación total para Andalucía sería de 112,26 millones de euros, de los cuales 19,44 millones serían del Plan Concertado y los 92,82 millones restantes corresponderían a Privación Material Severa.
En el Real Decreto 93/2024, de 23 de enero, se estableció la concesión directa de una subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha en este 2024 el Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica, llamado Programa Básico. A Andalucía se le asignaron 18,96 millones.
«Nos han detraído 18,9 millones de euros», ha asegurado la consejera de Inclusión Social, quien ha afirmado que «el primer bulo fue decir que las comunidades autónomas hayamos votado a favor de un sistema excluyente de familias sin menores a cargo», para seguidamente apuntar que «el segundo bulo fue que el sistema fue impuesto por Europa, rotundamente falso», de manera que ha asegurado que salvo cinco países europeos, entre ellos España, «el resto sigue con el modelo de reparto de alimentos».
«Es falso que no se vayan a ver afectados 280.000 andaluces», ha asegurado Loles López, quien ha considerado «el cuarto bulo» que «las comunidades pongan su tramo autonómico», antes de responderse «falso, no existe», antes de indicar que en 2023 se atendieron a 330.000 personas en Andalucía.
La consejera de Inclusión Social ha negado que 2025 sea un ejercicio en que las comunidades reciban la competencia, hecho que ha negado para proclamar que «sólo somos intermediarios», mientras que ha relatado que el Gobierno recibirá este año una subvención extraordinaria y directa de la Unión Europea, así como que no ha sido capaz de poner en marcha el programa marco por cuanto los Servicios Jurídicos del Ministerio de Derechos Sociales había advertido de una invasión de competencias y que ha instado a las comunidades autónomas a poner en marcha su programa marco.
LOS GRUPOS
El socialista José Luis Ruiz Espejo ha minimizado el impacto real de pasar del programa FEAD al FSE+ por esgrimir que «el Estado asume 563 millones, la misma aportación que el programa FEAD», para recordar que fue una propuesta que se aprobó el 15 de diciembre de 2021 en la Conferencia Sectorial, que se aprueba en Europa el 9 de diciembre de 2022 y que «el programa está arrancando en 2024».
Con la premisa de que 2024 será un año de transición hasta que en enero de 2025 entre en vigor el nuevo modelo, gestionado por las comunidades autónomas, ha asegurado que el nuevo programa contra la privación material es «una herramienta que se suma a otras de las comunidades autónomas», antes de defender que «las tarjetas monedero no son un modelo desconocido», así como que el Estado destina 19 millones a Andalucía, cuando la Comunidad Autónoma ha previsto destinar 12 millones al Bono Carestía y concluir que «sus ayudas también dejan fuera a los mayores».
La diputada de Vox Ana María Ruiz Vázquez se ha lamentado de que «estas ayudas ya tenían que estar en marcha y en manos de las familias más vulnerables», hecho que ha atribuido a «las discordancias entre un gobierno y otro», mientras que ha recordado datos como que un 37% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social y ha señalado que «Andalucía es líder en pobreza infantil» y que «Andalucía sigue con su título de la Comunidad Autónoma más pobre».
Ruiz Vázquez se ha lamentado de «por qué se fomenta el efecto llamada», que ha concretado en el hecho de que «el inmigrante recibe todas las ayudas que un español no recibe», además de sostener que el Gobierno andaluz «destina 12 millones al Bono Carestía y 72 millones destina a 645 plazas para inmigrantes ilegales no acompañados».
El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, quien ha reprochado «el tono a la consejera, quizás no era el adecuado para hablar de este tema», ha afirmado que «hay que tener cuajo con los datos de pobreza y el informe de la Cámara de Cuentas para venir con el pecho hinchado para hablar de este tema», mientras que ha atribuido la controversia sobre el modelo de las tarjetas monedero a que «ahora gobiernan más comunidades autónomas».
Gómez Jurado ha defendido que «el nuevo modelo dignifica a las personas frente al modelo de asistencialismo de ir a recoger alimentos a las colas del hambre» y ha afirmado que «2.000 millones llegan a nuestra tierra del Fondo Social Europeo» y que se trata de «un dinero que pueden derivar a los Bancos de Alimentos», antes de afirmar que «usan las tarjetas monedero para echar un pulso al Gobierno central» y ha pedido «dejar de recortar en programas de pobreza».
La diputada del PP Dolores Martín Nieto ha hablacdo de las tarjetas monedero como «un nuevo fracaso» mientras que «la prioridad del Gobierno no es ayudar a quienes más lo necesitan», para remarcar la cifra de los 280.000 excluidos apuntada por el Gobierno andaluz, antes de afirmar que al Gobierno «se le da mejor hundir el país que levantarlo».
Martín Nieto ha asegurado que «el Ingreso Mínimo Vital no llega ni a la mitad de las personas que dijeron iban a llegar» y ha defendido que el Gobierno andaluz dedica 100 millones más a políticas de infancia y que ha aumentado un 14% las ayudas a las familias vulnerables con recursos propios, antes de apuntar que «los números no salen, el Gobierno decide que sean 70.000 las tarjetas para 100.000 personas».
