El pleno ordinario de abril de la Diputación de Málaga que se celebra este miércoles abordará como asuntos urgentes la protección del litoral de manera definitiva para evitar pérdida de arena y de infraestructuras tras cada temporal de levante (PP), la situación de la estabilización de la plantilla de la empresa pública Turismo Costa del Sol (PSOE) y la implantación del teletrabajo en la institución (Unidas Podemos).
El portavoz del PP en la institución, Francisco Oblaré, ha incidido en que el estado de las playas tras los temporales es «una preocupación constante» en todos los municipios malagueños así como las «recurrentes peticiones de aportación de arena para corregir las pérdidas» que se producen. Por ello, pedirán al Gobierno de España que actúe «de manera inminente» en la reposición y aportación de arena que permita mejorar el estado de las playas en el inicio de la temporada alta.
También que el Ejecutivo central incluya la creación de un fondo de contingencia para el mantenimiento, limpieza y restitución de todas las infraestructuras «destrozadas» de ayuntamientos y empresarios afectados por el último temporal. Oblaré ha reclamado al Gobierno de España que inicie la ejecución del plan de estabilización de las playas necesario para el litoral y que firme un convenio con la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y los ayuntamientos aportando todos los recursos disponibles.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha exigido al equipo de gobierno en la institución provincial que garantice la estabilidad laboral de los 63 trabajadores de Turismo y Planificación Costa del Sol, que están «en situación de temporalidad».
Además, ha defendido que se dé estabilidad a la interinidad de los empleados públicos en las administraciones, en concreto a los trabajadores tanto de esta Diputación como de sus entes dependientes.
Así, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha promovido un real decreto ley para reducir el abuso de la temporalidad en el empleo público. Bernal ha explicado que han solicitado información sobre el estado y los plazos previstos de la oferta de empleo de la empresa «sin obtener a día de hoy respuesta».
A su juicio, siguiendo la normativa estatal, la oferta de empleo público debería aprobarse y publicarse antes del día 1 de junio de 2022. Mientras que las convocatorias de estos procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en dicha oferta debería producirse antes del 31 de diciembre de 2022 y la resolución de los procesos debería finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Unidas Podemos presenta como asunto urgente al pleno de este miércoles que se implante el teletrabajo en la institución como herramienta «accesible y eficaz para la organización del trabajo y como herramienta de conciliación familiar». La diputada Teresa Sánchez ha explicado que tras la experiencia obligada por la pandemia de la COVID-19, se abre «una oportunidad de desarrollar la normativa al respecto aprobada por el gobierno de España y los acuerdos adoptados en la propia Diputación para implantar el trabajo a distancia de forma estable y con notables ventajas».
Entre ellas, ha citado una mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo, la mejora de la conciliación de la vida personal y familiar, la reducción de costes en las oficinas, el ahorro en desplazamientos, la productividad y racionalización de horarios, la fijación de la población en el territorio rural y la reducción del absentismo.
«La Diputación cuenta con instrumentos legales y normativos que favorecen la implementación del teletrabajo, como el Acuerdo Marco aprobado por el Pleno en mayo de 2019 y el protocolo regulador aprobado por la Mesa General en julio de 2020», ha dicho, añadiendo que la institución «tiene la oportunidad de ser pionera». Para el desarrollo de la propuesta «tendrá que contar con los sindicatos para perfeccionar mecanismos y para ofrecer las máximas garantías de equipad y transparencia».
OTRAS MOCIONES
Durante las intervenciones, los portavoces de los tres grupos políticos han desgranado el resto de asuntos que se debatirán en la sesión plenaria.
Así, Oblaré ha informado de que al pleno se llevará la quinta modificación presupuestaria del presupuesto de 2022 del Plan Estratégico de Subvenciones, que suma en total 55,3 millones para el conjunto de los municipios. También se llevará a la sesión la modificación presupuestaria que da cobertura al anuncio de 20 millones para que los municipios afronten los gastos derivados de la calima, las inundaciones y, en definitiva, los efectos de los últimos temporales en la provincia.
También se lleva a aprobación la concesión de las Medallas de Oro de la Provincia, que se darán el día 26 con motivo del Día de la Provincia, a la artista María Peláe; el expresidente de la Diputación Elías Bendodo; el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; el chef Miguel Ángel Herrera y a la Liga de Jábegas. Además de la mención honorífica al pueblo ucraniano.
Como mociones ordinarias, los ‘populares’ llevan otras cuatro. Una para que el Gobierno de España modifique la planificación estratégica para evitar concentraciones «indeseadas» en la provincia y que incluya las actuaciones solicitadas por la Junta de Andalucía; otra para que autorice al Gobierno andaluz a realizar la infraestructura necesaria para el trasvase de Iznájar así como que parte de los fondos Next Generation sirvan para las infraestructuras hidráulicas necesarias en la provincia.
La tercera moción del PP reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que suspenda la entrada en vigor para el próximo curso académico del Real Decreto aprobado por el Gobierno que modifica la LOE en referencia a la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Dicha norma, ha dicho, «nace eso sí con consenso; el consenso de que nadie la quiere claro está». Así, pedirá al Ministerio de Educación y Formación Profesional que realice otro real decreto con el consenso mayoritario de los docentes.
La última moción de los ‘populares’ solicita al Gobierno de España que respete la autonomía financiera de Andalucía y no lleve a cabo la «denominada armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta». También reclama una disminución de las retenciones del IRPF y devolver una parte de las que ya se han hecho desde enero; que se den ayudas directas a autónomos y empresas; que se establezca un IVA superreducido del 4% para gas y luz y que se rediseñen los fondos Next Generation.
El PSOE, según su viceportavoz, Toñi García, ha retirado una moción sobre el Servicio Andaluz de Teleasistencia. «Lo que demandábamos, el mantenimiento de los 26 puestos de trabajo de este servicio en Málaga, nos lo confirmó el representante sindical», ha señalado.
Ha presentado, asimismo, una moción instando a la Junta a poner en marcha un Pacto por la Calidad en la Atención a las Personas en situación de Dependencia, y por la mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla del Sistema de Dependencia de Andalucía, así como instando al equipo de gobierno de la Diputación a licitar el contrato del servicio de ayuda a domicilio dependiente de la misma.
Otra moción socialista insta al Gobierno andaluz a revisar la cantidad conveniada con la Diputación para la financiación de los materiales destinados a las obras del PFEA, aumentando dicha cantidad dada la desviación al alza que se ha producido a lo largo del último ejercicio.
UP defenderá otras dos mociones, una para que la Diputación y la Junta «aprueben medidas para establecer un escudo social en respuesta a la subida de precios que sufre la población a consecuencia de la guerra de Ucrania», con un paquete de medidas específico; y otra incluye una batería de acciones por la igualdad, la inclusión y la participación del pueblo gitano en el provincia de Málaga.
