Los menores infractores de Málaga podrán cumplir las medidas judiciales que les impongan los juzgados en la Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol S.A.D. El objetivo es que estos jóvenes realicen trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas impuestas por los jueces.
Para ello, la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Málaga, Mónica Alejo, y el representante legal de la fundación, José María Muñoz Jiménez, han firmado un convenio que facilitará que este tipo de medidas de medio abierto, que no conllevan internamiento de los menores, sean ejecutadas en la entidad del club malagueño, han informado desde el Gobierno andaluz.
A través de la fundación, el club blanquiazul es el instrumento con el que la entidad deportiva desarrolla sus fines de carácter humano y cultural, fundamentalmente. Además, este organismo sirve como plataforma para la promoción de los valores deportivos, sociales e históricos gracias al desarrollo de actividades formativas, docentes y culturales que dan soporte a jóvenes deportistas.
Por este motivo, la delegada ha destacado la «importancia de este convenio, porque los jóvenes infractores van a poder recibir y fomentar una serie de valores fundamentales para su desarrollo y para hacerles comprender los errores cometidos y las consecuencias de los mismos», han señalado en un comunicado.
Así, los jóvenes llevarán a cabo trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas tanto de carácter cultural, educativo o de atención social, siempre bajo la supervisión del personal de la Fundación y los servicios de Justicia Juvenil de la Delegación, además de la pertinente autorización judicial.
«Tenemos que darles las gracias al Málaga y a su fundación por su implicación y por su colaboración, por ponerse al servicio de estos chicos para que encuentren un camino y tengan una segunda oportunidad», ha afirmado Alejo.
Con este tipo de convenios se persigue canalizar la cooperación y colaboración entre las administraciones regional, ayuntamientos o entidades privadas para la ejecución de las medidas y la intervención en el entorno familiar de menores infractores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas. Así, se puede actuar en su entorno, lo que contribuye a una intervención más eficaz para las personas menores, y a la prevención de conductas de riesgo en los propios municipios.
Tal y como recoge la Ley del Menor y como administración competente en Justicia Juvenil, la consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.
La realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con la entidad ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla la misma.
