El colectivo de taxistas ha tildado este viernes de «atropello político» lo acometido por el Gobierno andaluz mediante el «decreto chapucero» que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC), por lo que, «traicionados» según ellos, han apoyado la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso.
De esta manera, en declaraciones a los periodistas frente al Palacio de San Telmo –sede de la Presidencia de la Junta–, el presidente de la Federación Andaluza de Élite Taxi, Rafael Baena, ha agradecido a los 55 diputados de Unidas Podemos, el grupo Republicano, el Mixto, Bildu y el grupo Plural, así como a la Asociación Taxi Projet, la presentación de este recurso de incostitucionalidad.
«Los andaluces defendemos, como sector del taxi y ciudadanos, un atropello político por parte de la Junta, que quiere sacar adelante un decretazo chapucero, sin efectos, en beneficio de multinacionales y amiguetes», ha reprochado Baena arropado por el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, y por el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Rafael Mayoral.
Según los taxistas, esta norma pone «en peligro» el modo de vida de las 10.000 familias andaluzas que dependen del taxi y afecta también al interés general para 8,5 millones de andaluces. «Nace sin memoria económica, sin reglamento y sin régimen sancionador adecuado», ha apuntado Baena, para advertir que solo favorece a «grandes empresas de VTC».
Baena también ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya puesto «de perfil» ante este problema. «Abusa de una mayoría de poder que le dio el pueblo y que el pueblo le puede quitar y las elecciones siempre están ahí al filo de la puerta», ha insistido.
En la misma línea se ha mostrado Ruano, que ha apuntado que este es el primer recurso, «pero no será el último», ante esta normativa que es «un atentado a la permanencia del sector del taxi».
Por su parte, Mayoral ha advertido de que este decreto que regula los VTC «pisotea» el autogobierno municipal para «proteger los intereses de multinacionales» que «tienen una estrategia para hacerse con el monopolio» del transporte de viajeros sin regulación.
«Nosotros seguimos defendiendo el servicio público, los derechos de los usuarios y la autonomía municipal» frente a una norma que, «básicamente, defiende el interés de trasnacionales que no tributan en España».
De esta manera, ha instado al Gobierno andaluz a quitarse «el traje de patriotas porque son vendepatrias que están entregando el servicio público a trasnacionales que no tributan en España».
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
El recurso presentado advierte de que el decreto incumple el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, vulnera la autonomía municipal «por no atribuir competencias propias a los ayuntamientos ni abrir canales de participación», junto a que fuera aprobado sin que «los ayuntamientos hayan podido intervenir directa o indirectamente en su elaboración», y, además, vulnera las competencias atribuidas al Estado en su artículo 18 bis.
Así, señala que los diputados que presentan el recurso son «conscientes» de la «grave» situación creada por la aprobación de esta normal y de la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a preservar la autonomía local y las competencias exclusivas del Estado en materia de transporte interurbano discrecional de los vehículos de arrendamiento con conductor, y seguridad de los ciudadanos.
Apuntan que aceptar «la extralimitación» de competencias realizada por la Junta de Andalucía supone una afectación al sistema de
organización y distribución de competencias de la administración
pública, «vulnerando las estatales e infringiendo sustancialmente la
garantía constitucional de la autonomía local». Esto, a juicio de estos diputados, supondría «una inaceptable degradación democrática» que «no están dispuestos a tolerar».
