El sector de los VTC en Andalucía ha exigido a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que aplique la sentencia dictaminada por el Tribunal General de la Unión Europea (UE) del 8 de junio, que promueve una modificación de las legislaciones de los Estados miembros «para que exista una sana competencia entre los taxis y los VTC».
Así lo ha comunicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación Empresarial de los VTC Andalucía, Pablo García, quien también ha proclamado que «nosotros estamos a la espera de reunión, que ya hemos solicitado hasta en tres ocasiones a la nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz, para que se aplique esa sentencia europea en la modificación del Decreto ley 8/22 aprobado por la Junta de Andalucía».
En este contexto, García ha indicado que «la imposición de las medidas y etiquetas de emisiones para los vehículos VTC en Andalucía han afectado negativamente al sector», y ha aclarado que este decreto «nos ha obligado a adquirir vehículos que casi doblan el precio de los que nosotros adquiríamos habitualmente para la actividad, promoviendo así una cubanización de la flota de vehículos».
Asimismo, ha apuntado que «muchos de los titulares de VTC en Andalucía han acudido a mercados de ocasión de otros países para comprar vehículos con mayor antigüedad, que cumplan con la etiqueta y las medidas que obligaba la Junta», al tiempo que ha subrayado que «creemos que es un paso atrás».
Al hilo de lo anterior, García ha señalado que «en lugar de ir un paso más hacia delante, con una flota más moderna y de menos emisiones, esta obligación sin sentido de limitar las medidas, exigidas por el sector del taxi, nos ha obligado a no poder adquirir tarjetas de VTC para vehículos que habitualmente sí se podían hacerlos, con la etiquetas ECO».
En este ámbito, con respecto el Decreto ley para regular la actividad de las VTC aprobado por el Gobierno Central en junio de 2023, el representante de la asociación ha apuntado que «el Gobierno básicamente lo que ha hecho es ir en contra de la propia sentencia del Tribunal General de la UE y hacer caso omiso a la misma».
Además, ha destacado que, «entre otras cosas, la sentencia decía que no existe una figura en Europa de especial protección del taxi, por lo tanto, no debe tener ninguna ni está justificado que la tenga», a lo que ha agregado que «estará por ver si ese decreto ley es constitucional y, por supuesto, se verá a corto y medio plazo cómo afectará a la actividad».
En lo referido al impacto económico que ha generado ambos decretos en el sector, García ha resaltado que «ha implicado un impacto severo en la actividad», al tiempo que ha apuntado que «la amortización del vehículo ahora es superior, por tanto, el gasto fijo o adquisición de mismo es superior al de otros años».
En este sentido, ha expresado que «aquí creemos que la Junta tiene que modificar ese Decreto ley, en base a la sentencia europea, para que los criterios de adquisición de nuevos vehículos tengan el componente de etiqueta energética o de emisiones, pero no tengan una obligación de medidas, porque la normativa estatal, ya superó ese criterio», y a lo que ha añadido que «no hay por qué promover el tamaño del vehículo, ya lo decidirá el propio mercado, no hace falta que lo decida la Junta».
LAS INSPECCIONES «DESCONOCIDAS» DE LA JUNTA
En lo referido a las inspecciones de los vehículos VTC realizadas por la Junta, el representante de la asociación ha indicado que «no hay transparencia en cuanto a las inspecciones y desconocemos la razón por la cual no comparte los datos con las asociaciones representativas de la actividad», al tiempo que ha subrayado que «esta anomalía no ocurre en otras comunidades autónomas, donde se reúnen en comisiones para evaluar el impacto de los planes de inspección y sacar conclusiones para que las asociaciones tomemos cartas en el asunto e intentemos mejorar las prácticas de la actividad».
En este mismo contexto, García ha indicado que la demanda durante este periodo estival esta siendo «completamente inasumible» y ha insistido en que «la sobredemanda que existe, no es capaz de absorberla ni todos los taxis ni todos los VTC juntos».
En este sentido, el representante ha mostrado preocupación por «el aumento del transporte pirata ejercido por particulares sin ningún tipo de autorización», al hilo de esto ha pedido a la Junta que «haga más hincapié en las inspecciones a los vehículos particulares que están ejerciendo la actividad de transporte sin tener ningún tipo de licencia, algo que nos afecta tanto a los taxis como a los VTC».
LOS VTC PIDEN UNA NORMATIVA COMPETITIVA
La solución de este problema, según indica García, reside en la «competividad, pues cuando crees en la competencia entiendes que estás en un entorno competitivo, en el cual tu mejor servicio, calidad, precio y vehículo es lo que primará al cliente para elegir una opción u otra, dado que tanto los taxis como los VTC compiten en la movilidad».
Y en este ámbito, ha aclarado que «la movilidad no solamente somos los VTC o los taxis, la movilidad es también el transporte público, la movilidad compartida y la movilidad privada, como los vehículos de movilidad personal».
Finalmente, Gracía ha concluido que «todos trabajamos en un entorno competitivo en el ámbito de la movilidad y, si tenemos claros los principios de la competencia, el sector del taxi entenderá que es un servicio que tiene ventajas competitivas respecto a la VTC y que, si la sabe aprovechar, le irá muy bien», a lo que ha agregado que «modificar esa competitividad, no hay que forzar normativas en contra de tus competidores para ganar ventaja competitiva, creemos que ese no es el camino».
LICENCIAS DE LOS VTC A NIVEL ANDALUZ
En cuanto al número de licencias concedidas a nivel andaluz, el representante de la asociación ha declarado que «no hemos observado que exista ningún tipo de reducción en el número de licencias, porque a diferencia de Cataluña, aquí no han existido ningún tipo de expropiación de licencias, algo que el sector del taxi pretendía que ocurriese».
En este contexto, según los últimos datos sobre la Distribución de Autorizaciones por Provincia y Clase, publicados el 1 de agosto de 2023, por el Ministerio de Fomento, y consultados por Europa Press, en Andalucía se han concedido un total de 12.199 licencias, 8.740 destinadas al servicio taxi y 3.459 a los VTC.
A nivel provincial, Málaga encabeza la lista de licencias concedidas, con un total de 5.142, de las cuales 2.663 son de taxis y 2.479 de VTC. En segundo lugar, se sitúa la provincia de Sevilla con 2.508 licencias aprobadas, siendo 2.063 dirigidas al servicio taxi y 445 a los VTC. Le sigue Cádiz, con un total de 1.271 licencias, de las que 1.151 están destinadas a los taxis y 120 a los VTC.
En tercer lugar, se posiciona la provincia de Granada con 1.064 licencias aprobadas, 851 en el sector del taxi y 213 para los VTC. Seguido de la anterior, Córdoba se coloca en el cuarto puesto, con un total de 791 licencias, de las cuales 752 son de taxis y 39 de VTC. Le sigue en la lista, Almería con 578 licencias, 491 dirigidas al servicio de taxi y 87 para los VTC.
Para concluir este ranking, en los dos últimos puestos se ubican la provincia de Huelva con un total de 453 licencias concedidas, 381 para los taxis y 72 para los VTC. Y cierra la lista, la provincia de Jaén con un total de 392 licencias, de las cuales 388 están dirigidas al sector del taxi y cuatro a los VTC.
