El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este lunes ante la Comisión de Interior del Congreso, cinco días después de aceptar la dimisión de la directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, tras la imputación de su marido en una derivada del caso ERE de Andalucía, y después de los casos ‘Cuarteles’ y ‘Mediador’ que se investigan judicialmente.
El PSOE y sus aliados parlamentarios cerraron el pasado 14 de marzo que Grande-Marlaska compareciera en el Congreso para dar explicaciones sobre los contratos en obras de 13 comandancias de la Guardia Civil que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y en el que están imputados, entre otros, un teniente general jubilado, Pedro Vázquez Jarava, y el constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon.
Con la promesa de la comparecencia de Grande-Marlaska y de María Gámez, el PSOE conseguía que la Junta de Portavoces del Congreso diera carpetazo a la pretensión del PP de abrir una comisión de investigación sobre el llamado caso ‘Mediador’.
Esa investigación iba a centrarse en las actividades del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, que tuvo que dejar el escaño en el Congreso al ser investigado por un juzgado de Tenerife que, además, ha enviado a prisión a otro general jubilado y exdirector del proyecto GARSI-Sahel, Francisco Espinosa Navas.
«TAPAR» COCAÍNA Y PROSTITUTAS
El PP y el resto de partidos de la oposición se mostraron muy críticos con el Ministerio del Interior al interpretar que usan el ‘caso cuarteles’ para tratar de «tapar» la cocaína y los prostíbulos que aparecen en el sumario del ‘caso Mediador’ y que afectan al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’.
En la sesión de control al Gobierno y en varias comparecencias públicas, entre ellas la motivada por la dimisión de María Gámez, el ministro Grande-Marlaska esquivó críticas y puso el foco en que en 2017, en la etapa del PP en el Gobierno, «intentaron parar y pararon» la investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil sobre los presuntos amaños en obras en 13 comandancias de la Guardia Civil.
Estas obras se adjudicaron al constructor Ángel Ramón Tejera de León, ‘Mon’, que sale también mencionado en el ‘caso Mediador’. La Guardia Civil no remitió en 2017 la investigación interna a la Fiscalía porque el director de la Benemérita tuvo en cuenta la versión del teniente general Pedro Vázquez Jarava, que no veía delitos, y que está actualmente imputado en la causa.
Días antes de la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio dirigido por Juan Ignacio Zoido, del PP, reenvió una denuncia anónima sobre las obras en cuarteles a Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Aunque la comparecencia de este lunes está fijada para hablar de este ‘caso Cuarteles’, el PP ya ha avisado de que pedirá la dimisión de Grande-Marlaska por «atacar» a la Guardia Civil salpicando las sospechas por el ‘caso Cuarteles’.
BOLAÑOS PUSO DEBERES AL MINISTRO
Un día después de la dimisión de María Gámez, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró en una entrevista que Grande-Marlaska aportaría en la Comisión de Interior toda la información que conoce el Gobierno sobre la renuncia de la directora y los casos ‘Cuarteles’ y ‘Mediador’.
Bolaños puntualizó que son casos que «pueden afectar a algunas personas» dentro de la Guardia Civil, las mismas palabras que ha usado en reiteradas ocasiones Grande-Marlaska, que además ha puesto de ejemplo la ejemplaridad de María Gámez a la hora de dimitir, retando al PP a que haga lo mismo con sus dirigentes investigados judicialmente.
Tras estallar ‘Mediador’ y al saberse que Asunto Internos relaciona gran parte de las obras por valor de 3,3 millones de euros del ‘caso cuarteles’ a Santa Cruz de Tenerife, el Ministerio del Interior decidió cesar al coronel jefe de esta comandancia, José María Tienda, alegando una cuestión de imagen, ya que no está imputado.
Además, el teniente coronel que estaba al frente de Ávila, Carlos Alonso Rodríguez, está imputado en el ‘caso cuarteles’, donde Asuntos Internos investiga a un tercer mando de Alicante, al que atribuye un presunto delito de falsedad documental.
