Un total de 82.680 empleados públicos de la provincia de Málaga se beneficiarán de la compensación salarial adicional del 0,5% aprobada por el Gobierno de España en Consejo de Ministros de este pasado martes.
La medida beneficia en la provincia a 11.681 funcionarios pertenecientes al Sector Público Estatal; 50.319 empleados públicos de la Junta de Andalucía; y 20.700 funcionarios de las Administraciones Locales (ayuntamientos y Diputación de Málaga).
Este incremento estaba recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 como fórmula para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y se produce por la situación del Índice de Precios al Consumo Armonizado /IPC), según los datos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística.
La misma tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 y se empezará a percibir en la nómina del mes de octubre, cumpliendo con lo pactado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales en el ‘Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI’.
Este incremento retributivo se ejecuta por cumplirse lo establecido en la ley de PGE correspondiente a 2023, que recoge dicha posibilidad cuando la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y del dato del IPC adelantado por el INE del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6%. En el primer caso el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que en el segundo ha alcanzado el 3,2%. Esto da como resultado un porcentaje del 8,7%, lo que mandata a llevar a cabo esta subida de medio punto.
Con este Acuerdo del Consejo de Ministros, «el Gobierno persevera en dar una respuesta social a la crisis económica provocada por la espiral inflacionista mundial. Así, no se deja atrás a los empleados y empleadas públicas, que pasan de perder poder adquisitivo en crisis anteriores a contar con una actualización de sus remuneraciones», han destacado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
La subida beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas en el conjunto del país que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas. La mayoría de ellas trabajan para las Comunidades Autónomas, que ocupa a casi el 60% de todo el personal que trabaja para el Estado. A estas le siguen por número de personal las Entidades Locales y la Administración Central. La inversión para aplicar la medida será de 791 millones de euros, con una media de incremento de 180 euros en la nómina anual.
Este Acuerdo evidencia la predisposición del Ejecutivo a garantizar poder adquisitivo del personal dedicado al servicio público. Esto se ha traducido en que en los últimos cinco años se han producido subidas de las retribuciones para empleadas y empleados públicos, incluso en contexto de crisis y de inflación extremadamente elevada. En 2020, año del coronavirus, el alza fue del 2%, mientras que en 2022 se alcanzó una subida del 3,5%, tras el acuerdo firmado por Gobierno y sindicatos.
«Que se lleve a cabo esta medida muestra también la apuesta por el diálogo social del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que ha llegado a numerosos acuerdos con las centrales sindicales para dar el mayor reconocimiento posible a funcionarios, personal laboral y demás personal que trabajan a nivel estatal, autonómico o local», han valorado, señalando el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, que además de cuestiones retributivas recoge medidas para modernizar el servicio público.
Además, recuerdan que en este 2023 ya se han abordado otras reformas relacionadas con la mejora de las condiciones del personal al servicio de las Administraciones. Entre ellas está la actualización de la compensación por gastos de kilometraje para quienes trabajen con vehículo propio, que pasó de 0,19 euros a 0,26 euros por kilómetro recorrido. Además, se actualizó a esa misma cifra la cuantía exceptuada de los gastos de locomoción y las dietas en el IRPF.
Y, asegurand, «la senda de mejoras retributivas culminará en el año 2024, donde el Gobierno cumplirá con lo recogido en ese acuerdo de ámbito estatal. Entonces se producirá una actualización de retribuciones del 2% de manera fija y se fijará un 0,5% opcional que estará vinculado al IPCA, tal y como ha sucedido ahora», han explicado.
Para entonces, el alza total en el período 2022-2024 habrá superado el 8%, pudiendo alcanzar el 9,5% en esos años, en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización puede alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida.
ACTUALIZACIÓN EN LA JUSTICIA
El Consejo de Ministros también abordó este martes la actualización del régimen retributivo en la Administración de Justicia. Jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 tras los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales y los sindicatos durante este año.
En lo referido a jueces y fiscales, se aprueba la actualización del complemento de destino por representación, que seré entre 440 y 450 euros mensuales en función del órgano y el destino de los profesionales. Esto se ejecutará de forma gradual entre 2023 y 2024, abonando un 40% con efectos a 1 de enero de 2023, otro 40% a partir del 1 de enero de 2024, y el restante 20% tendrá efecto desde el 1 de julio de 2024. Un incremento salarial realizado en base a lo recogido en la Ley 15/2023, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
En cuanto a las retribuciones de letradas y letrados de la Administración de Justicia, el Gobierno reconocerá su labor con un complemento específico transitorio de 430 euros mensuales en el año 2023. Este se devengará de manera progresiva con efectos a 1 de enero de 2023, a partir del 1 de enero de 2024 y, por último, desde el 1 de julio de 2024. Para llevar a cabo el alza salarial se modifican tanto el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Todas estas actualizaciones tienen carácter no absorbible por otros conceptos retributivos y serán compatibles con otros incrementos que puedan recogerse en futuras leyes de Presupuestos Generales.
