Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación policial en la que han sido detenidas ocho personas como presuntas autoras de los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y falsedad documental, al concertar parejas de manera ficticia a extranjeros en Algeciras (Cádiz).
La investigación comenzó con la denominada ‘Operación Calisto’ en marzo de 2024 cuando los investigadores tuvieron conocimiento del elevado número de personas empadronadas recientemente domicilios ficticios de Algeciras, ha indicado en una nota la Policía Nacional.
De esta manera se detectaron hasta tres parejas de hecho ficticias que habían solicitado su inscripción en el Registro de Parejas de hecho de Andalucía. Para llevar a cabo la inscripción se habían simulado contratos de arrendamiento ficticios con los que justificar la convivencia de la pareja a registrar.
En ese momento, la Policía detuvo a cinco personas como presuntas autoras de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y de falsedad documental.
En todas las inscripciones el nexo de unión entre las parejas era una mujer que se dedicaba a poner en contacto a estas parejas, facilitándoles el empadronamiento y el contrato de arrendamiento ficticio, así como toda la documentación necesaria para su inscripción.
Fruto de las gestiones de investigación realizadas, se pudo conocer que al menos diez parejas estarían relacionadas con esta persona, constituyéndose de modo ficticio a cambio de entre 4.000 y 5.000 euros. Todo esto se hacía con el único fin de la obtención de permisos de residencia para personas en situación irregular, muchas de las cuales tenían relación directa con una organización dedicadas al narcotráfico.
Una vez detenida la mujer, fueron detenidas otras siete personas por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. La Policía ha indicado que la investigación continúa abierta a la espera de otras detenciones.
Como se ha recordado, las consecuencias de este tipo de actividades que pueden dar lugar a penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 100.000 euros.
