La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que la Axarquía será la comarca malagueña en la que mayor impacto va a tener la nueva ley del Suelo andaluza, la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como Lista, y ha manifestado que con la nueva norma «la gente podrá vivir en el campo con orden y control».
Navarro, que ha presidido este jueves una reunión con los alcaldes de la zona en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para explicarles detalladamente la Ley, ha resaltado los desarrollos y usos sobre suelo rústico que contempla la Lista, aunque ha puntualizado que no se trata de una amnistía urbanística y que ya antes del desarrollo de los reglamentos, «se establecen límites y restricciones».
Durante su intervención, la delegada ha señalado también que la mayoría de los compradores de estas viviendas lo hicieron de buena fe y que venían demandando durante años seguridad jurídica y tranquilidad que les proporcionará ahora la LISTA, que también incorpora el último decreto de regularización de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio.
Con la nueva norma se diferencia entre suelo urbano y rústico, y se permite la construcción en este último siempre que no afecte a una zona protegida o sea compatible con su régimen de protección. Precisamente, la comarca de Axarquía es la que más viviendas construidas de forma irregular tiene de las más de 50.000 catalogadas en la provincia.
Con la Lista, se permiten viviendas en suelo rústico vinculadas a otros usos además de los agropecuarios, que pueden ser turísticos o de cualquier actividad económica que dinamicen las zonas no especialmente protegidas que requieran de preservación, pero que no impidan el desarrollo normal de los usos agrarios y el desarrollo sostenible. Y se autorizará la construcción de viviendas aisladas unifamiliares cuando no se induzca a la creación de nuevos asentamientos.
La delegada ha presidido la reunión junto al alcalde de Vélez Málaga, Fernando Moreno, y han participado en el encuentro la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, y la jefa del servicio de Urbanismo de la Junta en Málaga, Mari Carmen Moreno.
SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
La nueva Ley del Suelo «simplifica al máximo los procedimientos y la reducción de plazos en la tramitación de los planeamientos», resolviendo a los ayuntamientos «la inseguridad jurídica que les provocaba la anterior normativa y que les conllevaba la tramitación eterna de sus planeamientos urbanísticos». Con esta ley «se cierran 16 años de idas y venidas de una normativa anterior, que se ha modificado hasta en once ocasiones y que no resultaba eficaz porque no se adaptaba a la realidad que tiene el territorio andaluz y, principalmente, la provincia de Málaga».
En este sentido, ha señalado que hasta ahora la tramitación del planeamiento urbanístico de un municipio se podía alargar de media unos diez años, e incluso hasta 16 años como en el caso de Macharaviaya, cuando ahora la tramitación se reducirá a apenas dos años.
La delegada de la Junta ha hecho hincapié también en que cada municipio será abordado en función de sus características y número de habitantes. Y se establece un sistema dual para los de más de 10.000 habitantes, litorales o de la aglomeración urbana de Málaga que engloba «un plan general de ordenación municipal y los planes de ordenación urbana, más al detalle».
Para Navarro, con la Lista «por fin los consistorios adquieren la mayoría de edad en cuanto a capacidad poder organizar su término municipal y la Junta establece unos usos superiores e infraestructuras de carácter más comarcal o provincial» a los que ajustarse.
«La Lista va a significar un antes y un después para el progreso y el desarrollo de nuestros municipios, porque ofrece posibilidades infinitas para los que quieran seguir creciendo con nuevas posibilidades de empleo y riqueza», ha añadido. La Ley prevé ayudas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para que redacten sus planes especiales y generales.
Asimismo, la delegada de la Junta ha destacado el compromiso permanente del Gobierno andaluz por la reducción de trabas y la agilización administrativa, poniendo en valor que esta misma semana el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo decreto de simplificación administrativa, con el que se mejoran hasta 80 normas y con el que se conseguirá la reducción de un 30 por ciento de los trámites y plazos actuales, todo ello fruto del trabajo conjunto con los sectores económicos y turísticos de Andalucía.
