Podemos Málaga ha alertado este jueves de un aumento de los desahucios en la ciudad de Málaga en los últimos dos años «motivados por el aumento del Euribor y el encarecimiento del precio del alquiler».
Así, desde la formación morada también apuntan que en el año 2021 se produjeron en la provincia 2.017 lanzamientos, un 44% más que en 2020, y de los cuales 1.500 fueron por impagos del alquiler.
La cifra continúa creciendo, y tan solo en el primer semestre de 2022 se ejecutaron en la provincia más de 1.100 desahucios por parte de los tribunales, la mayoría por impago de alquiler.
Podemos considera que la mayoría de los desahucios «se podrían evitar si el Ayuntamiento contara con más personal y recursos destinados a un trabajo asesoramiento jurídico e intermediación entre las familias afectadas, la propiedad y los juzgados».
Así, critican que el Área de Derechos Sociales apenas cuenta con dos personas para labores de intermediación y prevención de desahucios para toda la ciudad de Málaga, «frente a los 43 que tiene Barcelona, que cuenta a su vez con oficinas por el derecho a la vivienda en cada distrito de la ciudad».
Nico Sguiglia, concejal y candidato de Podemos a la Alcaldía ha señalado que «el aumento de los alquileres y el reciente aumento del Euribor vaticinan un notable aumento de los desahucios en Málaga, que vive una situación de emergencia habitacional».
Apunta que frente a esta situación, «se debe hacer un trabajo preventivo y de seguimiento, en el que los Servicios Sociales puedan tomar medidas antes de que sea tarde y las familias se vean con la orden de lanzamiento».
Del mismo modo, apunta que «nos encontramos con muchos casos en los que las familias desconocen sus derechos y no tienen el asesoramiento jurídico preciso», por lo que exige que se aumente el trabajo de información y asesoramiento por parte del Consistorio.
Desde Podemos agradecen el trabajo de los colectivos sociales para evitar los desahucios, destacando que «muchos desahucios se consiguen parar gracias al trabajo voluntario de colectivos y vecinos» pero insiste en que «en muchos casos no es suficiente», y apela a una mayor presencia del Ayuntamiento: «el gobierno municipal debe ponerse del lado de la gente más vulnerable, defender sus derechos y hacer todo lo posible para garantizar una alternativa habitacional».
«El alcalde y el área de Derechos Sociales deben asumir una posición mucho más activa y no conformarse con lamentar la situación. Tienen instrumentos para ayudar a sus vecinos y vecinas, solo falta determinación política para usarlos» concluye Sguiglia.
Fuente: E.P.
