El PSOE y el PP mantienen conversaciones discretas para culminar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y están negociando que los jueces con un cargo político no puedan volver a la Justicia de forma automática, previsiblemente en el plazo de dos años.
Según la información adelantada por el ‘el diario.es’, ambas formaciones habrían pactado que sea en un plazo de dos años desde el cese y la intención sería que este acuerdo deje exentos a los tres ministros del Gobierno que son jueces, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Pilar Llop.
Fuentes de la cúpula del PP han precisado a Europa Press que ese enfoque es “coincidente de forma parcial” con la propuesta que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa el pasado mes de julio, que es su “marco de negociación” con el Gobierno. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, están pilotando esas negociaciones.
En el documento que el PP envió al Gobierno se recoge expresamente una regulación de las llamadas “puertas giratorias”: “Los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos”.
Fuentes populares consultadas por la citada agencia admiten que las negociaciones “avanzan” teniendo como marco la oferta de pacto judicial que el PP envió al Gobierno el pasado mes de julio. Por lo pronto, el asunto relativo a los requisitos que deben cumplir los candidatos ya estaría superado, un punto que dejaría fuera a perfiles como el de la juez Victoria Rosell.
Uno de los principales escollos de la negociación estaría en el punto relativo a nuevo sistema de elección, han señalado las mismas fuentes. El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea que el nuevo CGPJ recién nombrado, presente en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial.
En las filas del PP destacan además que al final se está negociando conjuntamente el CGPJ y el Tribunal Constitucional, en línea con la demanda de los populares. Sobre la posibilidad de que el exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido pueda presidir el Constitucional -donde es magistrado desde 2017-, las fuentes consultadas ni descartan ni confirman, si bien precisan que no es cierto que el PP haya levantado el veto a Pumpido, dado que “nunca hubo veto”.
