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PSOE y UP plantean un nuevo tipo penal de enriquecimiento ilícito castigado con hasta tres años de cárcel

Patxi López asegura que no afecta al caso de los ERE, mientras que Echenique apunta a la alcaldesa de Marbella, del PP

El PSOE y Unidas Podemos van a aprovechar la reforma del Código Penal que pondrá fin al delito de sedición para tipificar el delito de «enriquecimiento ilícito», que castigará con entre seis meses y tres años de cárcel y con inhabilitación de entre dos y siete años a los cargos públicos que, hasta cinco años después de abandonar su puesto, incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar.

Con este objetivo, han registrado una enmienda a la proposición de ley que impulsaron los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición para, entre otras cosas, acabar con el delito de sedición, según han explicado en sendas ruedas de prensa los portavoces del PSOE, Patxi López; el de UP, Pablo Echenique, y el presidente del grupo confederal, Jaume Asens.

En concreto, la enmienda persigue la introducción de un nuevo artículo 438 bis en el Código Penal para poder perseguir a las autoridades que incrementen su patrimonio notablemente y se nieguen a
acreditar de dónde ha salido ese dinero.

Textualmente, el artículo contempla penas para «la autoridad que durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación».

MULTAS E INHABILITACIÓN

Y los castigos propuestos son: penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.

El PSOE y Unidas Podemos destacan en la justificación de su enmienda, recogida por Europa Press, que este nuevo delito «se articula velando por la máxima compatibilidad con los principios constitucionales, particularmente con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, por lo que se opta por establecer un delito de desobediencia ante los requerimientos de los organismos competentes en lugar de un delito de sospecha que se sustente tan solo en un incremento patrimonial».

El portavoz del Grupo Socialista ha destacado que se trata de introducir «por primera vez» este delito en el ordenamiento jurídico español, para equipararlo así los países «más avanzado en la materia» como Francia, Portugal o Luxemburgo.

Según ha detallado, hasta ahora los cargos públicos tienen la obligación de declarar su patrimonio cuando dejan sus puestos pero «no pasa nada» si se detecta un incremento «desproporcionado» o «no justificado» del mismo. «No queremos ver nunca más a un responsable político que se beneficia de un enriquecimiento ilícito sin ninguna consecuencia», ha indicado López, subrayando que con esta reforma se da «un paso lógico en la transparencia y la rendición de cuentas».

López ha insistido en que esta enmienda no tiene que ver con el delito de malversación que ERC propone retocar, reduciendo penas, durante la tramitación de la proposición de ley relativa a la sedición.

Asimismo, el portavoz socialista ha recalcado que esta propuesta de los socios de coalición no tendrá ningún efecto sobre los condenados el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, que afectó fundamentalmente a cargos del PSOE. «No toca para nada ese asunto y, por tanto, no afecta», ha dicho.

A quien sí podría afectar, según los proponentes, es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, cuyo esposo y uno de los hijos de éste están procesados por blanqueamiento de capitales. «El caso paradigmático sería el de Marbella», ha apuntado Echenique.

NO BUSCAN ACALLAR A LOS ‘BARONES’

Por otro lado, y preguntado sobre la conveniencia de acometer una reforma tan amplia del Código Penal a través de una proposición de ley es decir, sin contar con la opinión de los órganos consultivos, y además con una tramitación exprés y vía enmiendas, López ha señalado que ya que se había «abierto el Código Penal» se ha considero oportuno aprovechar para la creación de este nuevo delito con vistas a «seguir avanzando en la lucha contra la corrupción»

Por último, López ha negado que la intención del PSOE con esta propuesta sea «contrarrestar» la que ha puesto sobre la mesa ERC o acallar las críticas algunos barones socialistas habían realizado ante la posibilidad de que se hiciera una reforma del delito de malversación. «No hemos presentado esto para contrarrestar nada. Este nuevo delito es una buena noticia, no hay que buscar tres pies al gato», ha apuntado.

Mientras, su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha aseverado que este nuevo tipo penal «endurece la lucha contra la corrupción».

A su vez, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha destacado que este delito era una reivindicación que venía manteniendo su formación desde hace mucho tiempo para perseguir, con mayor fuerza, el enriquecimento irregular de cargos públicos, tanto en el propio ejercicio de las funciones como después de dejar su actividad pública, si no aportan justificación debida a su situación patrimonial.

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