Al Sureste de las islas Canarias y a unos 100 kilómetros en línea recta se encuentran las costas del Sáhara Occidental, un territorio de 266.000 km² reconocido por las Naciones Unidas en 1976 con la denominación de República Árabe Saharaui Democrática, y que sin embargo aún hoy permanece olvidado como conflicto sin solución por la comunidad internacional, puesto que su territorio soberano continúa militarmente ocupado desde entonces por Marruecos, al que considera como una provincia más de su reino, una adquisición ilegal a raíz del fracasado Acuerdo de Madrid de noviembre de 1975 por el que España, acuciada por el problema sucesorio que le planteaba la previsible muerte del general Franco, se desentendió de su provincia del Sáhara Occidental Español incapaz de reaccionar ante la situación descolonizadora que se le planteó en la frontera saharaui con la llamada Marcha Verde organizada por Marruecos, una marea aproximada de 350.000 civiles y 25.000 soldados que forzaron sus pasos fronterizos reclamando como suyo la anexión de ese territorio.
La solución provisional a la que se llegó fue la creación de un protectorado administrado entre Mauritania y Marruecos que implicaba el compromiso de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, hecho que nunca se materializó pues aunque en 1979 se produjo la renuncia y reconocimiento de Mauritania, con quien comparte una peculiar frontera definida en 1885 en el Congreso de Berlín de los tiempos del reparto colonial europeo, también se produjo la anexión por Marruecos del territorio que controlaba la anterior, agravándose el conflicto contra el Frente Polisario, principal valedor de la soberanía saharaui y al que apoya Argelia.
La localidad argelina de Tindouf, es el refugio de casi 250.000 asilados saharauis que malviven en condiciones de habitabilidad extrema en la llamada hamada, un pedregal desértico situado en las proximidades fronterizas al noreste del Sáhara Occidental, más otros 600.000 que habitan en los llamados territorios liberados al otro lado de un infranqueable muro protegido por millones de minas que divide el Sáhara a lo largo de 2.700 kms. de norte a sur. Demasiados obstáculos distanciándolos de sus fuentes de riquezas, las mayores reservas de fosfatos del planeta en Bucraa y un litoral potencialmente rico en recursos pesqueros, petrolíferos, gasísticos y turísticos.
El viernes 18 de marzo conocimos sorpresivamente y a través de unas noticias procedentes desde Marruecos que el actual gobierno de España aceptaba el Plan de Autonomía para el Sáhara dando un giro radical a su anterior e histórica postura antagonista que ponía a nuestro país entre la espada y la pared y sin contentar a ninguna de las partes, especialmente con Marruecos, quien lanzando un órdago suspendió la cumbre entre los dos países prevista en diciembre de 2020, empezando a trabar las relaciones bilaterales a raíz del reconocimiento a comienzos de ese mismo mes de dicho plan por la administración Trump, y que cuatro meses después el mismo gobierno español enmascaró como causa de aquella crisis con la entrada “clandestina” en nuestro país del líder del Frente Polisario para recibir cuidados médicos, hecho que provocó la protesta oficial marroquí con la retirada de la embajadora en Madrid en mayo de 2021.
Ahora y debido a la presión que ejercen las carencias energéticas aún más agravadas por la guerra de Ucrania, Estados Unidos en el papel de suplir los inconvenientes que supongan el cierre del gas ruso, ha actuado como árbitro junto a la Comisión Europea en este ámbito geopolítico, proponiendo bajo cuerda a los gobiernos de ambos estados que acerquen las posturas que desbloqueen la crisis, aceptando en consecuencia el presidente del Gobierno de nuestro país de un modo irregular y
unilateralmente lo que pide el estado marroquí, que es aceptar su dictado como ya hicieron Francia y Alemania anteriormente a expensas de los intereses del Frente Polisario, perjudicado una vez más y ahora sin el mismo apoyo de Argelia que mira para otro lado con el suculento negocio de su gas con la Unión Europea y previsiblemente también con Marruecos, cambiando las fichas en el juego de las alianzas del Magreb.
Insistiendo en que por desgracia desde 1976 no ha habido un camino próspero para el pueblo soberano del Sáhara, tal vez y solo desde la óptica de la pacificación y normalización, la solución ofrecida por Marruecos considerándolo como Región Autónoma del Sáhara en su Plan de Autonomía presentado en 2007 a las Naciones Unidas, parezca sobre los términos a los que se compromete, razonable y allane esta falla siempre y cuando se respeten todos los puntos en él fijados y se celebre el esperado referéndum que lo ratifique, un altísimo precio al fin y al cabo el que debería pagar como Estado la República Árabe Saharaui Democrática, renunciando a su soberanía a cambio de una amplia autonomía que abarca la mayoría de las competencias que tiene un Estado, exceptuando las relaciones exteriores, defensa, seguridad nacional, la bandera, el himno, la moneda, las atribuciones de la monarquía como institución y, … aquí está la clave, el control de los recursos. Un altísimo precio que es muy difícil de asimilar por el Estado que se encuentra en franca desventaja en las negociaciones.
Tras esta situación que dura ya más de cuarenta años, solo ha habido combates intermitentes con paréntesis de altos el fuego y algunas pequeñas alegrías para los más pequeños gracias a sus vacaciones veraniegas acogidos en paz por familias españolas. Un desesperante panorama para el pueblo hasaní que aunque aclimatado a un paisaje inhóspito por su origen beduino, no termina de remontar debido a este conflicto enquistado y olvidado por las Naciones Unidas.
