Se enfrenta a cárcel desde este lunes por altas irregulares de 35 trabajadores también procesados. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado desde este lunes en el edificio judicial de Caleta el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido penas de ocho de años de prisión y multas por un valor de hasta 209.900 euros para un abogado al que acusa de la supuesta gestión de altas y bajas irregulares de 35 trabajadores, entre ellos ciudadanos extranjeros, también procesados en esta causa, desde su despacho en la capital granadina.
Así consta en el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, y que concreta que el principal procesado en esta causa en la que se juzgan supuestos delitos de falsedad y fraude de prestaciones se enfrenta a estas penas por la presunta comisión de dos de los 37 ilícitos señalados por el fiscal.
Por la calificación alternativa de uno de ellos, la petición fiscal podría reducirse a los siete años y medio de prisión y los 20.700 euros de multa. Este acusado, en su condición de profesional, era titular de la autorización para operar en el sistema Red de la Tesorería General de la Seguridad Social, de alta en la modalidad de abogados, habiéndose encargado de la gestión de 16 negocios con sedes en municipios como los de Granada, Maracena, Ogíjares o Almuñécar.
Aprovechándose de esta condición de gestor autorizado, el acusado se habría puesto de acuerdo con ciudadanos extranjeros acusados en esta misma causa, quienes, «encontrándose en situación de estancia ilegal en territorio nacional, pretendían obtener autorización administrativa de residencia y trabajo», todo ello «estableciendo un plan concertado para tal fin, previo reparto de funciones o papeles».
Se enfrenta a cárcel desde este lunes por altas irregulares de 35 trabajadores también procesados
De este modo habría abusado «de la confianza depositada por las empresas que le habían contratado y cuyos representantes legales desconocían las operaciones realizadas por el acusado, no prestando por tanto consentimiento a las altas», las cuales, prosigue el fiscal, «carecían de fundamento real, en tanto que no respondían a voluntad de contratación» por parte de estos.
Supuestamente utilizaba en este contexto «una empresa existente para hacer que figuraran como trabajadores de la misma personas físicas que nunca llegaron a emplearse ni a desarrollar actividad alguna, siendo enteramente falsa la contratación y el alta consiguiente».
Los acusados extranjeros supuestamente, en paralelo, «facilitaron» a este procesado principal «sus datos de identidad, firmando en ocasiones el contrato mendaz o en otras ocasiones» autorizándole «para que lo rubricara a su nombre si bien conscientes de que» era «falso».
El fiscal considera en este sentido que «se concertaron para, con ánimo de obtener un ilícito beneficio y empleando el contrato falso y las altas generadas», supuestamente «defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal», más allá de para «reunir los requisitos legales para obtener la correspondiente autorización administrativa de residencia y trabajo».
En otras ocasiones, «pero con la misma mecánica», precisa el ministerio público, el procesado principal se habría puesto de acuerdo con ciudadanos españoles que habrían pretendido «acceder ilegalmente a prestaciones económicas a las que no tenían derecho», por desempleo fundamentalmente, a consta del erario público.
El grueso de los acusados se enfrentan a multas de diferente cuantía y a penas de prisión que están entre los dos años y cuatro meses y los cinco meses y 29 días, con la salvedad en el caso de los extranjeros de que puedan intercambiar las de más de un año por la expulsión del territorio español.
