Nuevo movimiento de Trabajo contra aquellas empresas que desafíen la Ley Rider. El ministerio de Yolanda Díaz va a pedir a la Fiscalía que investigue a las compañías “rebeldes” de reparto a domicilio que se declaren insumisas ante esta norma. Así lo ha anunciado la propia vicepresidenta segunda y ministra, quien ha dejado claro que “el peso de la ley” caerá sobre dichas multinacionales. Hace apenas unos días Inspección de Trabajo impuso una multa millonaria a Glovo por mantener a falsos autónomos.
“La Ley Rider se va a cumplir. Estamos y vivimos en un Estado social y de derecho y las empresas rebeldes se van a someter al Estado social y democrático de Derecho”, ha asegurado Yolanda Díaz en una comparecencia en el Congreso. La vicepresidenta ha recordado que Trabajo ya ha actuado contra dos empresas por abuso de falsos autónomos, así como por “obstrucción” a la inspección. Algo que, ha apuntado, “es muy grave” y “no lo vamos a consentir”.
Dicho esto, ha adelantado que “vamos a instar a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe invasión de la esfera penal, si se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores en esta materia”. “Soy clara: no vamos a parar”, ha incidido antes de dejar claro que “el peso de la ley va a caer sobre aquellas empresas que incumplan estas normas”.
Yolanda Díaz ha evitado dar nombres de estas compañías, aunque hace tan solo unos días Inspección de Trabajo impuso una multa de 79 millones de euros a Glovo por mantener a falsos autónomos en varias ciudades antes de la entrada en vigor de la conocida como Ley Rider.
“Se constata que esta empresa está vulnerando los derechos laborales de los trabajadores de Glovo, es decir, estamos ante una actuación auténticamente de falsos autónomos”, destacó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en los pasillos del Congreso. Díaz denunció que Glovo “está obstruyendo la labor de la Inspección de Trabajo” y “esto es gravísimo”. “Lo que ha hecho Glovo son dos vías de actuación gravísimas: vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y obstrucción a la labor de la Inspección de Trabajo”. Ante esto, explicó la vicepresidenta, “se ha actuado contra esta empresa regularizando a más de 10.600 trabajadores y trabajadoras y el importe de las multas y de las sanciones es muy elevado, llegando casi a los 79 millones”.
Para Glovo, “se trata de una resolución unilateral, que implica una propuesta de la inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y o de infracción”. Según precisó la compañía, la multa no está relacionada con la denominada Ley Rider, ya que el periodo inspeccionado se refiere de 2018 hasta el 11 de agosto de 2021, fecha de la entrada en vigor de dicha ley. .
Asimismo, resaltó que durante el periodo de inspección, Glovo pidió ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones, así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la Inspección de Trabajo y pospuesto al momento en el que el acta ha sido presentada.
